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Carmen Gloria Alarcón Chávez con MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN Rol: C1037-13

Consejo para la Transparencia, 09/10/2013

Se dedujo amparo en contra de la Municipalidad de Chillán, fundado en la respuesta negativa a la solicitud de información sobre conocer los antecedentes completos de los sumarios administrativos que indica” (Resolución Nº 5000/1390/2012 Departamento de Educación Municipal de Chillán y Resolución Nº 5000/1441/2012 Departamento de Educación Municipal de Chillán), incluyendo “tanto resoluciones, documentos probatorios, certificados, declaraciones, hasta la resolución final. El Consejo señaló que en el evento de que hubiesen derechos de la funcionaria denunciada que pudieren verse afectados, de realizar el denominado test de interés público, el beneficio de conocer sus declaraciones en el contexto de un sumario administrativo y cuyo testimonio, en la especie, constituye una de las probanzas que han servido de base a la autoridad para disponer su absolución de dicho procedimiento disciplinario instruido para investigar supuestas conductas irregulares denunciadas por el solicitante, es mucho mayor que el de mantener la información en reserva. Así lo exige el control social de la función pública, pues ésta debe ejercerse con transparencia, siendo relevante que, una vez adoptada una decisión por parte de la autoridad dotada de la potestad disciplinaria en el respectivo sumario administrativo, la ciudadanía conozca de manera cabal los fundamentos que han permitido a ésta arribar a determinadas conclusiones en dicho procedimiento disciplinario, sea cual fuere el resultado de aquél, y la naturaleza de los hechos que hayan motivado su instrucción. En consecuencia, se deberá desestimar la oposición a la entrega de la información, con todo, dada la naturaleza de la información solicitada, relativa a procedimientos disciplinarios acerca de una denuncia por maltrato a menores, el órgano reclamado, al momento de hacer entrega de la información solicitada, deberá tener especial precaución en reservar cualquier dato o antecedente que directamente revele la identidad de menores de edad, o que, en su caso, permita colegir dicha información.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Parcialmente

Tipo caso:

  • Amparo


Descriptores analíticos:

Tema Justicia
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Legislación aplicada:


Consejeros:

  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime), Presidente
  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Unánime)
  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C1037-13

Entidad pública: Municipalidad de Chillán

Requirente: Carmen Gloria Alarcón Chávez

Ingreso Consejo: 01.07.2013

En sesión ordinaria Nº 471 del Consejo Directivo, celebrada el 9 de octubre de 2013, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1037-13.

VISTO:

Los artículos 5º, inc. 2º, 8º y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes Nº 20.285 y Nº 19.880; lo previsto en el D.F.L. Nº 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575; y los D.S. Nº 13/2009 y Nº 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley Nº 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 7 de junio de 2013, doña Carmen Gloria Alarcón Chávez solicitó a la Municipalidad de Chillán “conocer los antecedentes completos de los sumarios administrativos que indica” (Resolución Nº 5000/1390/2012 Departamento de Educación Municipal de Chillán y Resolución Nº 5000/1441/2012 Departamento de Educación Municipal de Chillán), incluyendo “tanto resoluciones, documentos probatorios, certificados, declaraciones, hasta la resolución final.”

2) TRASLADO Y OPOSICIÓN DE TERCEROS: La Municipalidad de Chillán, conforme a lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley de Transparencia, con fecha 12 de junio de 2013, comunicó la solicitud de información de la requirente a doña Jeannette Andrades Escalona y a la persona que indica, a fin de que manifestaran si autorizaban la entrega a la solicitante de copia de sus declaraciones en el sumario administrativo instruido por el DAEM de dicho municipio, mediante resolución N° 1.441, de 21 de noviembre de 2012. A través de documento de igual fecha, ambas denegaron la entrega de sus declaraciones en el sumario administrativo señalado.

3) RESPUESTA: El 17 de junio de 2013, la Municipalidad de Chillán respondió a dicho requerimiento de información mediante Oficio N° 101/696/2013, denegando “la entrega de la información relativa a antecedentes de sumario.”

4) AMPARO: El 1° de julio de 2013, doña Carmen Gloria Alarcón Chávez dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud de información. Además, el reclamante hizo presente que:

a) No es procedente la respuesta del órgano, ya que no se configura la causal del artículo 21 Nº 2 de la Ley de Transparencia, atendido que los actos administrativos solicitados son sumarios administrativos, que, según el Departamento de Educación Municipal están finalizados, por lo que no se afecta la esfera privada del tercero involucrado. Señala que la información solicitada es pública y, además, tiene la calidad de denunciante de los hechos que dieron origen al sumario. Indica que el sumario fue instruido por denuncias de maltrato sicológico y verbal reiterado a menores presentadas por ella, en su calidad de madre de uno de los menores, por lo que las etapas del sumario y su resolución afectarían la vida de los menores por los cuales se instruyó el sumario.

b) Agrega que, la resolución de la Municipalidad que le deniega la información atenta contra el artículo 7 letra g) de la Ley de Transparencia e importa un incumplimiento a los artículos 14, 15, 16 y 17 del reglamento de dicho cuerpo normativo, ya que la resolución del sumario debiera estar actualizada y publicada en la página web de Transparencia Activa Municipal.

c) Finalmente, señala que la oposición del tercero no fue deducida en tiempo y forma, debido a que el órgano reclamado comunicó la solicitud al tercero el 12 de junio de 2013, es decir, una vez transcurrido el plazo de 2 días hábiles señalado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, por lo que considera arbitrario y contrario al procedimiento administrativo que se deniegue el acceso a la información fundado en la oposición de dichos terceros.

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación este amparo, trasladándolo al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Chillán, mediante Oficio N° 2.826, de 2013, solicitándole que: 1° se refiera a las causales de secreto o reserva que harían procedente la denegación de la información solicitada; 2° indique el estado actual de tramitación de los procedimientos disciplinarios solicitados; 3° proporcione los datos de contacto de los terceros que se opusieron a la entrega de la información; 4° acompañe copia de los documentos incluidos en el procedimiento de notificación de los terceros ; y 5° se refiera a la publicación en su sitio web del resultado de los sumarios concluidos y en especial de aquellos relativos a la solicitud de información. A través de Oficio N° 101/933/2013, el Administrador Municipal de dicho municipio, presentó sus descargos y observaciones, señalando, en síntesis, que:

a) Denegó la entrega de la información conforme con lo establecido en el artículo 20 de la Ley de Transparencia.

b) En cuanto a los sumarios administrativos informa que la resolución N° 5000/1390/2012 corresponde a una investigación sumaria, la que no arrojó mérito para imponer alguna sanción. Ante el resultado de dicha investigación sumaria y frente a la solicitud de la requirente, quien no estuvo conforme con la resolución del mismo, se dispuso la instrucción de un sumario administrativo mediante la resolución N°5000/1441/2012, de 21 de noviembre del 2012, el cual se encuentra concluido.

c) Proporciona los datos de contacto de los terceros que se opusieron a la entrega de la información.

d) Se adjunta notificación de oposición, la cual fue presencial.

e) Agrega finalmente que en la actualidad se está en proceso de la publicación de los resultados de los sumarios administrativos. Cabe destacar que la requirente solicitó por Transparencia, el Decreto de término del Sumario Administrativo Resolución N° 5000/1441/2012; éste le fue entregado con oficio N° 101/758/2013 de 28 de junio del 2013, el cual se adjunta.

6) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DE LOS TERCEROS INVOLUCRADOS: El Consejo Directivo de este Consejo dispuso, asimismo, trasladar el presente amparo a los terceros involucrados, en virtud de lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, y en el artículo 47 de su Reglamento, a fin de que presentaran observaciones o descargos al reclamo en defensa de sus derechos, materializándose ello a través de los Oficios Nos 3.450 y 3.451, ambos de 13 de agosto de 2013, respectivamente. A través de sendas presentaciones ingresadas a este Consejo el día 25 del mismo mes y año, los referidos terceros evacuaron el traslado conferido, formularon sus descargos y observaciones en los siguientes términos:

a) Doña Jeannette Andrades Escalona, por medio de presentación de 29 de agosto de 2013, fundó, en síntesis, su oposición a la entrega de la información en una serie de consideraciones relativas a la afectación que le ha causado la dilación de los procedimientos disciplinarios solicitados, en los que ha sido los cuales tuvieron como resultado su inocencia en los hechos investigados.

Posteriormente, mediante escrito ingresado el 8 de octubre de 2013 a este Consejo, doña Jeannette Andrades Escalona, formuló una serie de cuestionamientos en torno a la motivación de ciertas conductas de la solicitante, en circunstancias de que fue absuelta de todas las acusaciones que aquélla le formuló.

b) Por su parte, la apoderada que declaró en los sumarios cuya copia se requiere, se opuso a la entrega de la información, en síntesis, al estimar que no se justificaría la insistencia de la solicitante en requerir los antecedentes, atendido que doña Jeannette Andrades fue absuelta en los procedimientos instruidos a su respecto. Agrega que es de su interés que la precitada docente siga educando como lo ha hecho hasta ahora.

Y CONSIDERANDO:

1) Que lo solicitado en la especie es la copia de dos expedientes correspondientes a la investigación sumaria ordenada instruir mediante Resolución N° 5000/1390/2012, de 29 de octubre de 2012, y al sumario administrativo que se instruyó a través de la Resolución N° 5000/1441/2012, de 21 de noviembre del mismo año, ambos de la Municipalidad de Chillán. Dichos procedimientos disciplinarios tuvieron por objeto investigar una denuncia formulada por la solicitante en contra de una docente de la escuela municipalizada “Los Héroes” D-202 de Chillán, por eventual maltrato psicológico y verbal a alumnos de dicho establecimiento educacional. Según consta, la investigación sumaria fue acumulada al sumario administrativo, concluyendo este último, a través de la Resolución N° 5000/0325/2013, de 7 de mayo de 2013, con la “absolución de cargos a la señora Jeannette Andrades Escalona”.

2) Que a la fecha en que formuló la solicitud de acceso que dio origen al presente amparo ambos procedimientos disciplinarios se encontraban afinados. Sobre la materia, cabe hacer presente el criterio desarrollado por esta Corporación respecto al secreto de los sumarios administrativos consagrado en el artículo 137 del Estatuto Administrativo, norma similar en contenido al artículo 135 de la mencionada Ley N° 18.883 –aplicable a los procesos en análisis-. Al respecto, este Consejo ha sostenido reiteradamente a partir de la decisión del amparo Rol A47-09, que el carácter secreto del expediente sumarial se extiende hasta el cierre del procedimiento que lo originó, el cual anticipadamente se levanta sólo respecto de ciertas personas, como el inculpado y su abogado. Ello encuentra justificación en que, siendo el secreto del expediente sumarial una excepción a la regla de publicidad consagrada por el artículo 8° de la Constitución y artículos 5°, 10 y 21 de la Ley de Transparencia, conforme al artículo 21 N° 5 de esta última ley, su aplicación debe encontrar fundamento en la afectación de los bienes jurídicos a que se refieren dichas normas. Así las cosas, teniendo el secreto sumarial por objeto asegurar el éxito de la investigación, una vez terminada ésta, la justificación de su secreto también finaliza, por consiguiente, “habiéndose adoptado una decisión por parte de la autoridad en dicho sumario administrativo, a través de la dictación del decreto que impuso las respectivas sanciones, tal medida y sus fundamentos, entre ellos el expediente sumarial… han adquirido el carácter de información pública”.

3) Que el órgano reclamado denegó la entrega de la información fundado en la oposición de dos terceros, a saber, la docente que resultó absuelta en la investigación cuyo expediente se solicita, y la apoderada de un alumno del establecimiento educacional que declaró en el referido procedimiento sumarial. En ambos casos, consta que el objeto de la oposición de los mencionados terceros manifestada ante la autoridad edilicia reclamada, se refiere únicamente a sus declaraciones en dicho proceso, atendido que el documento mediante el cual el municipio les otorgó el traslado para que se pronunciaran al respecto sólo se refería a dicha parte de los expedientes sumariales.

4) Que en cuanto a la apoderada que declaró en los procedimientos disciplinarios cuya copia fuera solicitada, ésta se opuso a la entrega de sus declaraciones, fundado en que no se justificaría el interés de la solicitante en requerir la información, dado que la docente resultó absuelta en las investigaciones solicitadas. Al respecto, cabe señalar que resulta indiferente para la resolución del presente caso el motivo o la intención invocada por los solicitantes para requerir información de carácter público, toda vez que conforme al principio de no discriminación en materia de acceso a la información pública, consagrado en el artículo 11, letra g), de la Ley de Transparencia “los órganos de la Administración del Estado deberán entregar información a todas las personas que lo soliciten… sin exigir expresión de causa o motivo para la solicitud”. Por ello, se desestima en la presente decisión la alegación planteada por el tercero interesado, descartando en este punto la procedencia de la afectación alegada.

5) Que, sin perjuicio de lo anterior, este Consejo estima que debe tenerse presente la situación específica de la aludida apoderada que ha concurrido a declarar voluntariamente respecto de los hechos denunciados en el procedimiento sumarial, en su calidad de apoderado del establecimiento educacional a que éstos se refieren. En este sentido, resulta pertinente consignar lo razonado por este Consejo en su decisión Rol C1118-11, sobre un procedimiento de acoso laboral llevado ante la Inspección del Trabajo, en orden a que “…la investigación solicitada contiene, además de los testimonios de la denunciante y del denunciado, declaraciones de 8 testigos –todas trabajadoras de la empresa involucrada– e información sensible aportada por todos ellos, bajo razonable expectativa de reserva, lo que de vulnerarse, podría inhibir la participación de eventuales testigos en procedimientos de esta naturaleza, e incluso del (la) denunciante y del (la) denunciado(a), pudiendo impedir con ello, el éxito de las investigaciones sobre hechos como los de la especie...” Al respecto, si bien, a diferencia del caso que se cita, en la especie el procedimiento sumarial se rige por las disposiciones de la Ley N° 18.883, en lo que atañe a la apoderada que declaró en el contexto de la mencionada investigación, este Consejo estima que ha concurrido al procedimiento en condiciones análogas a las de aquellos trabajadores a que se refiere el criterio citado. En consecuencia, y atendido que se podría configurar un riesgo de afectación como el que en dicha decisión se indica, en aplicación del principio de divisibilidad establecido en el artículo 11, letra e), de la Ley de Transparencia, al hacer entrega de la declaración analizada precedentemente el órgano reclamado deberá tarjar cualquier dato o antecedente que directamente revele la identidad de la aludida apoderada, o que, en su caso, permita colegir dicha información.

6) Que, a su turno, la funcionaria municipal respecto de la cual se dirigieron los procedimientos disciplinarios solicitados, se ha opuesto a la entrega de sus declaraciones atendida la afectación que le ha ocasionado la dilación de tales procedimientos, en los que resultó absuelta. Sobre el particular, cabe rechazar dicha alegación, por cuanto se advierte que el objeto de éstas se refieren a la tramitación de los procedimientos cuya copia fuera requerida, pero no aluden de manera concreta y específica al asunto controvertido en esta sede, cual es el acceso a la información que allí se contiene.

7) Que, además, a diferencia de la situación analizada en el considerando 5° respecto de la apoderada que declaró en el sumario, doña Jeannette Andrades Escalona se encuentra en una condición distinta, por cuanto se trata de la funcionaria municipal respecto de la cual se formuló la denuncia que dio inicio a los procedimientos disciplinarios cuya copia se requiere. Sobre el particular, este Consejo ha venido resolviendo reiteradamente, a partir de la decisión recaída en el amparo Rol A47-09, que, atendida la condición que poseen, la esfera de privacidad del personal que trabaja para la Administración del Estado y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa es más reducida que la del resto de las personas –las que se encuentran en una situación diversa–, en virtud, precisamente, de las funciones que aquéllos ejercen. En consecuencia, este Consejo ha razonado que los antecedentes referidos al vínculo contractual, desempeño, calificaciones y remuneraciones de los funcionarios de la Administración del Estado constituye información pública, atendida la naturaleza de la función que ejercen y en cuyo contexto se generan.

8) Que tratándose de la entrega de la declaración de la funcionaria denunciada, no resulta posible vislumbrar una afectación como la que se ha ponderado respecto de la apoderada declarante en el sumario, en cuanto a una eventual inhibición en la participación en otros procedimientos disciplinarios, por cuanto los funcionarios públicos, en el evento de ser requeridos por el fiscal instructor de un sumario administrativo, se encuentran obligados a comparecer y prestar declaración sobre los hechos investigados. En efecto, el artículo 133 del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, el cual establece que “el fiscal tendrá amplias facultades para realizar la investigación y los funcionarios estarán obligados a prestar la colaboración que se les solicite.

9) Que, a mayor abundamiento, en el evento de que hubiesen derechos de la funcionaria denunciada que pudieren verse afectados, de realizar el denominado test de interés público, el beneficio de conocer sus declaraciones en el contexto de un sumario administrativo y cuyo testimonio, en la especie, constituye una de las probanzas que han servido de base a la autoridad para disponer su absolución de dicho procedimiento disciplinario instruido para investigar supuestas conductas irregulares denunciadas por el solicitante, es mucho mayor que el de mantener la información en reserva. Así lo exige el control social de la función pública, pues ésta debe ejercerse con transparencia, siendo relevante que, una vez adoptada una decisión por parte de la autoridad dotada de la potestad disciplinaria en el respectivo sumario administrativo, la ciudadanía conozca de manera cabal los fundamentos que han permitido a ésta arribar a determinadas conclusiones en dicho procedimiento disciplinario, sea cual fuere el resultado de aquél, y la naturaleza de los hechos que hayan motivado su instrucción. En consecuencia, se deberá desestimar la oposición a la entrega de la información manifestada por doña Jeannette Andrades Escalona.

10) Que, con todo, dada la naturaleza de la información solicitada, relativa a procedimientos disciplinarios acerca de una denuncia por maltrato a menores, el órgano reclamado, al momento de hacer entrega de la información solicitada, deberá tener especial precaución en reservar cualquier dato o antecedente que directamente revele la identidad de menores de edad, o que, en su caso, permita colegir dicha información. En este sentido, cabe consignar lo razonado por este Consejo en la decisión de amparo Rol C80-10, en el sentido que ”…según la doctrina, los datos personales de los menores que son tratados por el sistema educacional no pueden considerarse como provenientes de fuente de acceso al público para proceder a la revelación (artículo 7° de la Ley N° 19.628) y merecen protección pese a las falencias de nuestra legislación en la materia, especialmente teniendo en consideración que uno de los principios de nuestra legislación es el “interés superior del niño” (DONOSO Lorena. “El tratamiento de datos personales en el sector de la educación. /en/ En Foco N° 136, Expansiva UDP, de 15 de abril de 2009)”. Asimismo, la Convención de los Derechos el Niño –ratificada por Chile el 14 de agosto del año 1990 y promulgada como Ley de la República, mediante el Decreto Supremo N° 830/1990 del Ministerio Relaciones Exteriores de Chile– en su artículo 16 .1 establece que “ningún niño será objeto de injerencia arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su vida privada o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación”. Por su parte, en la decisión de amparo Rol C816-10, este Consejo razonó que”…el respeto y promoción de tales derechos envuelve un imperativo estatal, a la luz de lo dispuesto en el artículo 5°, inciso segundo, de la Constitución Política de la República“, por lo que revelar dicha información configura la causal de reserva del artículo 21 Nº 2 de la Ley de Transparencia.

11) Que, además, el órgano reclamado deberá tarjar aquellos datos personales de contexto incorporados en los expedientes solicitados, por ejemplo, el número de cédula de identidad, domicilio particular o profesional, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley N° 19.628 y en aplicación del principio de divisibilidad en materia de acceso a la información pública, consagrado en el artículo 11 de la Ley de Transparencia. Lo anterior se dispone en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33 letra m) de la citada Ley de Transparencia.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo deducido por doña Carmen Gloria Alarcón Chávez, en contra de la Municipalidad de Chillán, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Chillán:

a) Hacer entrega al reclamante de los expedientes correspondientes a la investigación sumaria ordenada instruir mediante resolución N° 5000/1390/2012, de 29 de octubre de 2012, y al sumario administrativo que se instruyó a través de la resolución N° 5000/1441/2012, de 21 de noviembre del mismo año, reservando aquella información que se indica en los considerandos 5°, 10, y 11, de la presente decisión.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé Nº 360, piso 7º, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Carmen Gloria Alarcón Chávez, y al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Chillán.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley Nº 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y por los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Alejandro Ferreiro Yazigi y don José Luis Santa María Zañartu.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director General del Consejo para la Transparencia, don Raúl Ferrada Carrasco.