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Mercedes del Carmen Acuña Chiu con SEREMI DE BIENES NACIONALES REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA Rol: C766-13

Consejo para la Transparencia, 23/10/2013

Se dedujo amparo en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, fundado en haber recibido respuesta negativa a su solicitud sobre la entrega de copia de todos los antecedentes relativos a “la Resolución Exenta N° E-49 de fecha 9 de abril del 2013, según consta en vuestra secretaría, de expediente 12-SA-006024, publicada en el Diario “El Pingüino” el día 15 de abril, sobre el inmueble ubicado en Avenida General Medina S/N, Villa Las Nieves, Punta Arenas”. El Consejo señaló que la información solicitada en el presente caso, esto es, el expediente administrativo relativo a la regularización de la posesión de la pequeña propiedad raíz que se indica y que obra en poder del organismo reclamado, se encuentra conformado por piezas y antecedentes –la mayoría de ellos aportados por la oponente en esta sede– que han servido de fundamento y de sustento y complemento directo y esencial para la dictación de un acto administrativo de la misma SEREMI, y a través del cual se materializó el procedimiento para el saneamiento de dicho inmueble. Por tanto, de conformidad a lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 8° la Constitución Política y en el artículo 5º de la Ley de Transparencia, dicho expediente debe presumirse de naturaleza pública, salvo que éste se encuentre sujeto a alguna causal de secreto o reserva de aquellas establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, que impida la entrega del mismo.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Totalmente

Tipo caso:

  • Amparo


Descriptores analíticos:

Tema Vivienda
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Legislación aplicada:


Consejeros:

  • Jorge Jaraquemada Roblero (Ausente), Presidente
  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Unánime)
  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C766-13

Entidad pública: Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Magallanes y Antártica Chilena

Requirente: Mercedes del Carmen Acuña Chiu

Ingreso Consejo: 29.05.2013

En sesión ordinaria Nº 475 del Consejo Directivo, celebrada el 23 de octubre de 2013, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C766-13.

VISTO:

Los artículos 5º, inc. 2º, 8º y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes Nº 20.285 y Nº 19.880; lo previsto en el D.F.L. Nº 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575; y los D.S. Nº 13/2009 y Nº 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley Nº 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 26 de abril de 2013, doña Mercedes del Carmen Acuña Chiu solicitó a la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Magallanes y Antártica Chilena –en adelante también SEREMI o Secretaría Regional–, la entrega de copia de todos los antecedentes relativos a “la Resolución Exenta N° E-49 de fecha 9 de abril del 2013, según consta en vuestra secretaría, de expediente 12-SA-006024, publicada en el Diario “El Pingüino” el día 15 de abril, sobre el inmueble ubicado en Avenida General Medina S/N, Villa Las Nieves, Punta Arenas”.

2) RESPUESTA: La Secretaría Regional citada, mediante Oficio N° 743, de 13 de mayo de 2013, dio respuesta a la solicitud del requirente, negando el acceso a la información solicitada. Lo anterior, en virtud de la oposición manifestada por don José Cárdenas Aengo, en representación de la empresa de Taxis Colectivos Hielos Sur Ltda.

3) AMPARO: El 28 de mayo de 2013, doña Mercedes del Carmen Acuña Chiu dedujo amparo a su derecho de acceso a la información, fundado en haber recibido respuesta negativa a su solicitud por parte de la señalada SEREMI. Dicha presentación se efectuó a través de la Gobernación Provincial de Magallanes e ingresó a este Consejo el 29 de mayo del año en curso. Al efecto, la reclamante indicó que el órgano requerido denegó la información en base a la oposición formulada por la empresa de Taxis Colectivos Hielos Sur Ltda, la que, según indica, es contraria a los principios que inspiran el procedimiento de acceso a la información pública, consagrados en la Ley de Transparencia.

4) SUBSANACIÓN DEL AMPARO: Este Consejo, mediante Oficio N° 2.227, de 5 de junio de 2013, solicitó a la Sra. Mercedes del Carmen Acuña Chiu subsanar su amparo, solicitándole que: (1°) remitiera copia de la solicitud de información donde conste el timbre y fecha de ingreso de ésta ante el órgano requerido; (2°) acompañara copia de la respuesta del órgano reclamado, acreditando, en su caso, la fecha en que la misma le fue notificada, acompañando, también, el sobre que la contenía o el correo electrónico mediante el cual le fue remitida; y, (3°) acompañara copia del comprobante de presentación del reclamo ante la Gobernación Provincial de Magallanes, si lo tuviere. Doña Mercedes del Carmen Acuña Chiu, mediante presentación de 5 de junio del año en curso, acompañó copia de los antecedentes requeridos, teniéndose por subsanado su amparo.

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: En virtud de lo anterior, el Consejo Directivo de esta Corporación admitió a tramitación este amparo, trasladándolo mediante el Oficio N° 2.428, de 18 de junio de 2013, al Sr. Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, solicitándole que al formular sus descargos: (1°) se refiriera específicamente a las causales de hecho, secreto o reserva legal, que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada; (2°) proporcionara los datos de contacto, por ejemplo, dirección, número telefónico y correo electrónico, del tercero que se opuso, a fin de dar aplicación a los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento; y, (3°) acompañara a este Consejo, todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación al tercero, incluyendo copia de la respectiva comunicación y de los documentos que acrediten su notificación.

El Secretario Regional Ministerial, mediante Oficio N° 999, de 8 de julio de 2013, conjuntamente con remitir los antecedentes requeridos, evacuó sus descargos y observaciones, señalando en síntesis, lo siguiente:

a) La Resolución N° E-49 ha sido dictada en el contexto del procedimiento regularización de la posesión de la pequeña propiedad raíz reglado por el Decreto Ley N° 2.695.

b) Una vez emitido el informe jurídico preliminar, y las consultas realizadas a otros organismos “se procedió a mensurar y elaborar plano y minuta e informe técnico en terreno del inmueble. Alcanzada esta etapa de tramitación (…) por medio de la Resolución Exenta N° E—49 de fecha 09 de abril de 2013, se dispuso, (…) la publicación en el Diario "El Pingüino" de la ciudad de Punta Arenas, por dos veces, de un extracto conteniendo la identificación del solicitante, su domicilio, del inmueble, sus deslindes y superficie cuyo saneamiento se solicita, a fin de que cualquier tercero que estime tener iguales o mejores derechos que el solicitante, dentro el plazo de treinta días, proceda a oponerse a la solicitud, evento en el cual el procedimiento deja sede administrativa para transformarse en materia de conocimiento de los Tribunales de Justica (juzgados de letras en lo civil), debiendo remitirse la totalidad de los antecedentes al Tribunal competente para su conocimiento y resolución, donde adquieren el carácter de público al transformarse en un proceso judicial civil. Las publicaciones, en el caso específico del expediente 12-SA-006024, se efectuaron en el diario señalado los días 15 de abril y 02 de mayo del año 2013, respectivamente, habiéndose recepcionado, dentro de plazo, en esta Secretaría Regional con fecha 24 de mayo, tres oposiciones, una de ellas formulada por doña Mercedes del Carmen Acuña Chiu (…). Concluido el plazo para presentar oposiciones, se dispuso la remisión del expediente completo al Tercer Juzgado de Letras en lo Civil de Punta Arenas, mediante oficio Ordinario E- 6616 de fecha 25 de junio de 2013, el cual se notificó tanto a la empresa o sociedad que solicitaba el saneamiento del inmueble como a los oponentes, entre ellos la Sra. Acuña Chui, y a su abogado, lo que se efectuó con fecha 28 de junio de 2013. El expediente fue recepcionado en Tribunales el día 28 de junio de 2013”.

c) La totalidad de los antecedentes a los que alude el solicitante en su requerimiento y que fundaron la referida resolución “corresponde a la totalidad del expediente de saneamiento a la fecha de la emisión de la resolución, y que acreditan por parte del requirente del saneamiento el cumplimiento de los requisitos para dar curso a la tramitación de su solicitud”.

d) Ante la oposición de la empresa de Taxis Colectivos Hielo Sur Ltda., la Secretaría Regional se vio impedida de acceder a la entrega de copia de los antecedentes requeridos por la solicitante. Lo anterior, de conformidad al claro tenor del artículo 20 inciso segundo de la Ley de Transparencia.

e) Por último, señaló que la referida empresa fundó su oposición, en las siguientes consideraciones:

i. El Decreto Ley N° 2.695 dispone de suficientes medidas de publicidad, a fin de permitir a terceros interesados tomar conocimiento de la regularización consultada.

ii. El expediente cuya entrega se pide contiene datos de carácter privado, que no son fácilmente obtenibles de otros registros públicos, como nombre, cédula identidad, dirección, entre otros, “que no debieran llegar a conocimiento público sino sólo de personas que tengan especial interés en ello y puedan acreditarlo, lo que no ocurren con la solicitante”.

Asimismo, acompañó copia del expediente requerido conjuntamente con sus descargos en esta sede, a fin que el Consejo para la Transparencia contara con dicho antecedente para la resolución del amparo.

6) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL TERCERO INVOLUCRADO: En virtud de lo previsto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento, el Consejo Directivo de este Consejo, mediante Oficio Nº 2.429, de 18 de junio de 2013, notificó a don José Cárdenas Aengo, en su calidad de representante legal de la empresa Taxis Colectivos Hielo Sur Ltda., a fin de que presentara sus descargos y observaciones, dentro del plazo de diez días hábiles contados desde su notificación. En virtud de lo anterior, y mediante presentación de 4 de julio del presente año, el tercero indicó en síntesis, lo siguiente:

a) El expediente administrativo requerido aborda la regularización de una propiedad, de acuerdo a lo dispuesto en el D.L. N° 2.695, del año 1979. Dicha normativa, “dispone de medidas de publicidad suficientes como para que los terceros interesados puedan tomar conocimiento de la regularización pretendida, y consecuentemente, deduzcan oposición si estiman que sus derechos sobre el inmueble están siendo vulnerados, durante la tramitación del expediente administrativo, se suscitó controversia con otras personas que se juzgaban con mejor derecho que mi representada. En efecto por resolución exenta de fecha 31 de octubre de 2012, N° 775 el Ministerio de Bienes Nacionales, acogió la reposición presentada por esta parte, en cuanto a que ni siquiera los cesionarios de la Cooperativa Habitacoop, tenían mejor derecho que mi representada, ya que ellos “No detentan el dominio de la franja que pretende regularizar la solicitante", agregándose por dicha resolución que "mal pueden ejercer derecho alguno sobre esta faja de terreno".

b) No es de menor importancia que entre los antecedentes aportados al expediente se contengan “datos de carácter privado, que no son fácilmente obtenibles de otros registros públicos, como (…) su cédula nacional de identidad…”.

c) La controversia jurídica existente entre su representada y la persona de la reclamante será resuelta por el Tercer Juzgado de Letras de la ciudad de Punta Arenas. Agregó que el Ministerio de Bienes Nacionales remitió copia de los antecedentes al antedicho tribunal, a propósito de la acción impugnatoria deducida por la reclamante en contra del trámite de saneamiento de la posesión que invocó ante el referido Ministerio. Lo anterior, permitiría concluir “que deben tener los documentos necesarios, inscripciones u otras probanzas que aportar para lograr el convencimiento del juzgador, por lo cual se torna superflua e innecesaria los datos que constan en el expediente administrativo para tales fines. Por lo anterior resulta injustificada la solicitud de entrega de antecedentes que hace la peticionaria, ya que si estiman que les asiste mejor derecho que mi representada a regularizar el inmueble, al deducir oposición legal, como se ha señalado, se entiende que ya cuentan con todos los datos suficientes para preparar una eventual defensa de sus intereses”.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, previamente, cabe anotar que, del análisis de los antecedentes remitidos por la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Magallanes y Antártica Chilena en esta sede, este Consejo ha podido constatar que dicho órgano infringió lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia. Lo anterior, puesto que comunicó la solicitud en comento al tercero interesado en exceso del plazo de dos días hábiles, contados a partir de la recepción de la solicitud –26 de abril de 2013–, lo que se verificó sólo el 6 de mayo del mismo año, esto es, al sexto día hábil siguiente a la recepción del requerimiento. La referida infracción le será representada al Sr. Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Magallanes y Antártica Chilena en lo resolutivo de la presente decisión.

2) Que, a continuación y a modo de contexto general, cabe tener presente algunos aspectos referidos al procedimiento de saneamiento de la pequeña propiedad raíz reglado en el Decreto Ley N° 2.695, de 21 de julio de 1979, como del tipo de antecedentes que deben acompañar los interesados al mismo:

a) El artículo 10 del referido Decreto dispone que “presentada la solicitud en el Servicio, éste la admitirá a tramitación, previo informe jurídico, cuando a su juicio sea difícil u onerosa la regularización de la posesión inscrita por los procedimientos establecidos en otras leyes. El Servicio oficiará al Servicio de Impuestos Internos para que este organismo informe, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de recepción del oficio respectivo, sobre el nombre, rol único tributario y domicilio de quien aparezca, según sus antecedentes, como propietario del inmueble.(…) Cumplidos los trámites anteriores, o sin ellos cuando los organismos pertinentes no hubiesen aportado información dentro de los plazos señalados acerca del supuesto titular, el Servicio dispondrá que el personal técnico de su dependencia, o el contratado en la forma dispuesta en el artículo 40, compruebe en el terreno la concurrencia de los requisitos exigidos en el artículo 2°, y reúna los datos necesarios para individualizar el inmueble, levantando el respectivo plano, todo ello si procediere. De la visita a terreno que se efectuare deberá dejarse constancia en la unidad de Carabineros correspondiente más cercana”.

b) A su turno, el artículo 11 del citado cuerpo legal dispone que “cumplidos los trámites a que se refiere el artículo anterior y previo informe jurídico, el Servicio deberá pronunciarse denegando o aceptando la solicitud presentada. En este último caso la resolución respectiva deberá disponer que ella se publique por dos veces en un diario o periódico de los de mayor circulación en la región que determine, el Servicio y ordenará, asimismo, fijar carteles durante 15 días en los lugares públicos que él determine. Asimismo, tratándose de procedimientos de regularización cuyo objeto sean bienes raíces, ubicados en zonas geográficas de difícil acceso, que el Servicio señale, dicha resolución se comunicará mediante mensaje radial en el medio que el mismo Servicio determine”.

c) Por su parte, el portal electrónico del Ministerio de Bienes Nacionales www.bienesnacionales.cl, dispone en el link http://www.bienesnacionales.cl/wp-content/uploads/2011/05/Regularizaci%C3%B3n-de-T%C3%ADtulo-de-Dominio-en-Propiedad-Particular.pdf, de copia digital del formulario que debe ser completado al momento de requerirse la regularización de un predio. Dicho formulario exige a las personas jurídicas que requieren la regularización de un predio indicar a la SEREMI respectiva, los siguientes datos:

i. La individualización del representante legal, razón social de la sociedad, giro, y el RUT, como fotocopia de la cédula de identidad del representante y del Rol Único Tributario de la Sociedad, certificado de vigencia de la sociedad, y copia de la escritura en donde conste la personería del representante.

ii. Antecedentes de la propiedad: ubicación, inscripción, datos de la posesión y mejoras incorporadas al inmueble.

iii. Propósito de la regulación y modalidad de financiamiento del trámite.

d) En idéntico sentido al señalado precedentemente, la página Chile Atiende, sitio electrónico desarrollado por la Unidad de Modernización y Gobierno Digital

del Ministerio Secretaría General de la Presidencia: http://www.chileatiende.cl/fichas/ver/4938, informa que, tratándose de solicitudes de regularización del título de dominio presentadas por personas jurídicas, éstas deberán acompañar: fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados del representante legal; copia de la escritura pública de constitución de la sociedad y sus modificaciones; fotocopia del RUT de la sociedad; certificado de vigencia; copia de la escritura social o del documento en donde conste la personería del representante legal; declaración jurada que describa cómo se originó la posesión material de la propiedad; declaración de los vecinos colindantes o testigos que certifique al beneficiario como poseedor del inmueble; declaración jurada de domicilio (firmada ante notario) que acredite la posesión de la propiedad por un período mínimo de cinco años; croquis de la ubicación del inmueble; certificado de numeración domiciliaria emitido por la Dirección de Obras Municipales; en caso de que el inmueble sea urbano, poder o mandato, si el trámite es realizado por un tercero (en este caso, debe adjuntar también la fotocopia de su cédula de identidad por ambos lados); Rol de avalúo que indique la superficie y describa cómo adquirió la propiedad y el formulario de regularización de título de dominio.

3) Que, teniendo presente dicho contexto normativo, en la especie se ha solicitado a la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Magallanes y Antártica Chilena el acceso a todos los antecedentes relativos a la Resolución Exenta N° E-49, de 9 de abril del 2013, dictada por la misma reclamada en el marco de una solicitud de saneamiento de la posesión de un inmueble, y que fuera requerida por la empresa Taxis Colectivos Hielos Sur Ltda., de conformidad al procedimiento reglado por el Decreto Ley. Nº 2.695, de 1979. En respuesta a dicha solicitud, el organismo reclamado señaló que, atendida la oposición de la referida empresa, se encontraba impedido de acceder a la entrega de los antecedentes consultados, los cuales comprendían todos los antecedentes contenidos en el expediente N° 12-SA-006024.

4) Que revisada la copia del expediente N° 12-SA-006024, acompañada por la reclamada en esta sede conjuntamente con sus descargos, este Consejo ha podido advertir que ésta contiene gran parte de los antecedentes reseñados en el considerando 2) precedente, en sus literales c) y d), incluyéndose también copia de actos administrativos dictados por la reclamada con ocasión de la reposición deducida por el tercero involucrado y del escrito de oposición deducido en contra de la Resolución Exenta N° E-49, de 9 de abril de 2013.

5) Que al respecto, cabe señalar que, de conformidad al artículo 20 del Decreto Ley N° 2.695 precedentemente citado, “La oposición deberá deducirse ante el Servicio dentro del plazo de treinta días hábiles, contado desde la última publicación a que se refiere el artículo 11° y deberá contener la individualización de él o los oponentes, sus fundamentos, los documentos y demás medios de prueba en que se apoya y las peticiones concretas que se formulen. Presentada la oposición, la cual se entenderá como demanda para todos los efectos legales, el Servicio, deberá abstenerse de continuar la tramitación y remitirá de inmediato los antecedentes al juez de letras en lo civil dentro de cuyo territorio jurisdiccional se encuentre el predio, lo que será notificado por carta certificada tanto al peticionario como al oponente”.

6) Que de lo precedentemente expuesto, es posible concluir que la información solicitada en el presente caso, esto es, el expediente administrativo relativo a la regularización de la posesión de la pequeña propiedad raíz que se indica y que obra en poder del organismo reclamado, se encuentra conformado por piezas y antecedentes –la mayoría de ellos aportados por la oponente en esta sede– que han servido de fundamento y de sustento y complemento directo y esencial para la dictación de un acto administrativo de la misma SEREMI, y a través del cual se materializó el procedimiento para el saneamiento de dicho inmueble. Por tanto, de conformidad a lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 8° la Constitución Política y en el artículo 5º de la Ley de Transparencia, dicho expediente debe presumirse de naturaleza pública, salvo que éste se encuentre sujeto a alguna causal de secreto o reserva de aquellas establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, que impida la entrega del mismo.

7) Que refrenda la referida publicidad, el hecho de encontrarse actualmente copia del expediente consultado en poder del Tercer Juzgado de Letras en lo Civil de Punta Arenas, según lo informado por la propia reclamada. Lo anterior, toda vez que al formar parte los documentos consultados de un expediente judicial de libre acceso al público, le es aplicable la regla de publicidad contenida en el artículo 9° del Código Orgánico de Tribunales.

8) Que, sin perjuicio de lo anterior, resulta menester pronunciarse respecto de la oposición formulada por el representante legal de la empresa de Taxis Colectivos Hielo Sur Ltda. Al respecto, analizados los argumentos esgrimidos por dicha oponente en su escrito de descargos –anotados especialmente en los literales a) y c) del numeral 6° de lo expositivo–, este Consejo estima que éstos no permiten sustentar una expectativa razonable de afectación de derechos, toda vez que dichos argumentos, más que atender a la naturaleza pública o reservada de los antecedentes pedidos, y a fundarse en una eventual afectación a derechos que le podrían asistir en caso de ser divulgados, se basan en meras apreciaciones sobre la oportunidad que habría tenido la reclamante de acceder a los mismos antecedentes consultados dentro del procedimiento de saneamiento, como por estimar que, atendida la judicialización del procedimiento por la oposición tramitada ante el Tercer Juzgado Civil de Punta Arenas, doña Mercedes del Carmen Acuña Chiu debería contar con dicha información. Lo anterior impide a este Consejo identificar una afectación o daño presente, probable y específico a un derecho en particular de titularidad de la empresa Taxis Colectivos Hielo Sur Ltda., conforme lo exige el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.

9) Que en cuanto a lo esgrimido en el literal b) de la referida oposición, en cuanto a que formarían parte del expediente requerido antecedentes de carácter personal de difícil acceso en registros públicos. Sobre el particular, cabe consignar que, si bien tales datos tiene el carácter de personales, a la luz de lo dispuesto en la Ley Nº 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, éstos constituyen antecedentes relativos al representante del tercero interesado que fueron proporcionados por la empresa de Taxis Colectivos Hielo Sur Ltda. a la autoridad con la precisa finalidad de fundar una solicitud de regularización de la posesión del inmueble que se ha señalado, al amparo del D.L N° 2.695, de modo que fueran considerados en el ejercicio de las potestades públicas de dicha SEREMI, lo que concluyó finalmente con la dictación de la Resolución N° E-49, de 9 de abril de 2013, que resolvió la regularización de la posesión de la propiedad requerida por la empresa de Taxis Colectivos Hielo Sur Ltda. En consecuencia, habiendo sido tales datos personales aportados por el propio tercero, a fin de cumplir con los requisitos exigidos en el procedimiento antes referido, siendo, por ende, un antecedente directo de un acto administrativo de la autoridad, debe presumirse su publicidad, en virtud del artículo 5° de la Ley de Transparencia.

10) Que, además, y como se indicó en el considerando 8) anterior, el tercero involucrado tampoco ha acreditado en esta sede la afectación concreta y específica a los derechos que le asistirían en caso de divulgarse los antecedentes consultados, razón por la cual se desestimará igualmente la alegación en análisis.

11) Que, en consecuencia, se acogerá el presente amparo y, conjuntamente con ello, se requerirá a la reclamada que entregue a la solicitante copia del expediente administrativo N° 12-SA-006024, que contiene los antecedentes que fundan la Resolución Exenta N° E-49, de 9 de abril de 2013.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger, por las razones precedentemente expuestas, el amparo interpuesto por doña Mercedes del Carmen Acuña Chiu, en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Magallanes y Antártica Chilena.

II. Requerir al Sr. Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Magallanes y Antártica Chilena lo siguiente:

a) Entregue al solicitante copia del expediente N° 12-SA-006024, que concluyó con la dictación de la Resolución N° E-49, de 9 de abril de 2013, la que resolvió la regularización de posesión del inmueble requerida por la Empresa de Taxis Colectivos Hielo Sur Ltda.

b) Cumpla con tal requerimiento dentro del plazo de 5 días hábiles, contados desde que quede ejecutoriada la presente decisión, bajo el apercibimiento de proceder conforme disponen los artículos 45 y siguientes de la Ley de Transparencia.

c) Informe el cumplimiento de dicho requerimiento enviando copia de los documentos en que conste la entrega de información al domicilio ubicado en Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago, o al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, para efectos de verificar el cumplimiento de la presente decisión.

III. Representar al Sr. Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, la infracción del artículo 20 de la Ley de Transparencia, toda vez que no comunicó la solicitud en comento al tercero involucrado dentro del plazo de dos días hábiles, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 del cuerpo legal ya citado. Lo anterior, a fin de que se adopten las medidas necesarias para evitar que la referida infracción vuelva a reiterarse.

IV. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión al Sr. Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Magallanes y Antártica Chilena; a doña Mercedes del Carmen Acuña Chiu; y a don José Cárdenas Aengo, en su calidad de representante legal de la empresa Taxis Colectivos Hielo Sur Ltda., en cuanto tercero involucrado en este procedimiento.

En contra de la presente decisión, procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado, no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley Nº 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Alejandro Ferreiro Yazigi y don José Luis Santa María Zañartu. Se deja constancia que el Consejero don Jorge Jaraquemada Roblero no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia, don Rubén Burgos Acuña.