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Victoria Soto Navarro con MINISTERIO DE EDUCACION Rol: C987-13

Consejo para la Transparencia, 25/10/2013

Se dedujo amparo en contra del MINEDUC, fundado, por una parte, en que no recibió respuesta a su solicitud y, por otra, en que la información entregada no corresponde a la solicitada sobre los servicios prestados por ella entre los años 1965 y 1974: a) Copia de ficha funcionaria. b) Copia de decreto de nombramiento y decreto de aceptación de renuncia, sus respectivas notificaciones y tomas de razón del último cargo desempeñado. El Consejo señaló que rechazará el amparo de la especie, en atención a que no se configura el fundamento del presente amparo, a saber, que la información entregada no corresponde a la solicitada, sin perjuicio de que la peticionaria pueda dirigirse al MINEDUC para revisar de manera presencial la hoja de vida funcionaria con que cuenta dicho organismo, teniendo presente las prevenciones efectuadas por el Consejo.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza

Tipo caso:

  • Amparo


Descriptores analíticos:

Tema Trabajo
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Legislación aplicada:


Consejeros:

  • Jorge Jaraquemada Roblero (Ausente), Presidente
  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Unánime)
  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C987-13

Entidad pública: Ministerio de Educación

Requirente: Victoria Soto Navarro

Ingreso Consejo: 27.06.2013

En sesión ordinaria Nº 476 del Consejo Directivo, celebrada el 25 de octubre de 2013, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C987-13.

VISTO:

Los artículos 5º, inc. 2º, 8º y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes Nº 20.285 y Nº 19.880; lo previsto en el D.F.L. Nº 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575; y los D.S. Nº 13/2009 y Nº 20/2009, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley Nº 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 10 de mayo de 2013, doña Victoria Soto Navarro solicitó al Ministerio de Educación, en adelante e indistintamente MINEDUC, invocando expresamente la Ley de Transparencia, la siguiente información, respecto de doña Yolanda Soto Vergara, en relación a los servicios prestados por ella entre los años 1965 y 1974:

a) Copia de ficha funcionaria.

b) Copia de decreto de nombramiento y decreto de aceptación de renuncia, sus respectivas notificaciones y tomas de razón del último cargo desempeñado.

La requirente solicitó expresamente que la respuesta fuera enviada por correo certificado.

2) SOLICITUD DE ACLARACIÓN: El 15 de mayo de 2013, mediante documento sin número, la Coordinadora del Equipo Atención Web del MINEDUC solicitó a la reclamante aclarar si era la representante de la Sra. Soto Vergara. La solicitante, mediante presentación ingresada al MINEDUC el 24 de mayo de 2013, señaló que la solicitud de información presentada el 10 de mayo fue hecha a nombre propio y no en calidad de representante de la Sra. Soto Vergara, y acompañó declaración jurada de ésta, suscrita ante Notario Público, que acredita su voluntad expresa de que la información solicitada “se haga pública a la brevedad”.

3) RESPUESTA: El 5 de junio de 2013, la Sra. Coordinadora del Equipo de Atención Web del Ministerio de Educación respondió al citado requerimiento de información, mediante carta sin número –la que, según expone la reclamante, fue notificada el 6 de junio de 2013– señalando, en síntesis, lo siguiente:

a) La información solicitada se encontraba disponible parcialmente y su retiro debía efectuarse personalmente, acto en el cual la solicitante debía exhibir cédula de identidad y copia del poder otorgado por la Sra. Soto Vergara, en la Oficina de Transparencia Ubicada en Fray Camilo Henríquez N° 262, Santiago, 8° piso, horario de atención a 09:00 a 13:00 y de 14:00 a 16:00 horas.

b) Respecto de los documentos de nombramientos –Resolución N° 723, de 20 de abril de 1965; Resolución N° 4.393, de 26 de noviembre de 1965; Decreto N° 5.433, de 2 de junio de 1966; y Resolución N° 35.798, de 4 de diciembre de 1974–, éstos se encuentran en el Archivo Nacional. Por lo tanto, se efectuó la derivación parcial de la solicitud a través del Ordinario N° 361, de 5 de junio de 2013, a la Dirección de Bibliotecas Archivos y Museos (DIBAM), por tratarse del órgano competente para atenderla. Agregó que para consultar acerca de la tramitación de esa parte de la solicitud debía contactarse con doña Soledad Morales Vargas, en la dirección Herrera N° 360, 2° piso, Santiago, fono: 27261818.

c) Informó que la Sra. Soto Vergara dejó el servicio por acogerse al artículo 169 del D.F.L. N° 338, de 1960 (Estatuto Administrativo), por aceptar otro cargo público. Señaló, además, que cualquier tipo de certificación debía ser solicitada directamente a través de la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región de Valparaíso, ubicada en Arlegui N° 852, 1° piso, Viña del Mar.

d) Lo anterior, según lo indicado por la División de Administración General.

4) AMPARO: El 27 junio de 2013, doña Victoria Soto Navarro dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del MINEDUC, fundado, por una parte, en que no recibió respuesta a su solicitud y, por otra, en que la información entregada no corresponde a la solicitada. Al respecto, sostuvo que solicitó la ficha funcionaria y decretos de nombramiento y aceptación de renuncia, sus respectivas notificaciones y tomas de razón respecto de doña Yolanda Soto Vergara, y que esta última renunció a su derecho de oposición. La reclamante señaló, literalmente, lo siguiente:

1. “Para entregar solicitan poder de Sra. Soto Vergara es improcedente, la información fue solicitada por quien suscribe”.

2. “La fotocopia enviada por correo electrónico posterior a contestación por carta certificada es ilegible”.

3. “Contestación señala 3 resoluciones de nombramiento y una supuestamente de término de servicios pero, esta última corresponde a una sanción disciplinaria de censura por escrito”.

4. “En contradicción con lo anterior señala que deja servicio por aceptar otro cargo público pero no indica la resolución que acepta la renuncia y datos solicitados”.

Además, consignó como razones de su amparo las siguientes:

a) “Información entregada no concuerda con anterior, verbal sobre extravío o pérdida de ficha funcionaria en departamento de Kárdex” [sic].

b) “No señala si copia de las resoluciones solicitadas se encuentra en departamento de «Archivo» de MINEDUC”.

c) “Deriva SEREMI de Educación Valparaíso cuando la información solicitada es la del Ministerio Nivel Central”.

d) “No envía antecedentes mediante los cuales se reunió la información y que justifiquen lo expuesto”.

e) “Deriva DIBAM para copias de resoluciones sin señalar totalidad de datos ni que sean exactos”.

5) SUBSANACIÓN DEL AMPARO: Mediante Oficio N° 2.723, de 3 de julio de 2013, la Unidad de Análisis de Admisibilidad y Sistema Anticipado de Resolución de Controversias (SARC) de este Consejo solicitó al recurrente subsanar su amparo, a fin de que (1°) acompañara copia íntegra de la solicitud de información, de la respuesta otorgada por el órgano reclamado, con todos los documentos que le fueron proporcionados por éste y de los antecedentes que acrediten la fecha en que la respuesta le habría sido notificada; (2°) indicara si parte de su requerimiento fue derivado también a la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región de Valparaíso, acompañando los antecedentes que así lo acrediten, en el caso que se hayan entregado; (3°) aclarara si su requerimiento se comunicó a la Sra. Soto Vergara, conforme al procedimiento contemplado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia. De ser así, informe si el MINEDUC le proporcionó copia de los antecedentes relativos a dicho procedimiento, y de ser ello efectivo, acompañe copia de los mismos; (4°) especificara la infracción cometida por el MINEDUC, señalando precisamente aquella información solicitada que le habría sido entregada y aquella que no lo fue; (5°) explicara a qué se refirió al señalar las infracciones del número 2 y los literales a), b) y d) de su amparo; y (6°) aclarara por qué, por una parte, indica que para acceder a lo solicitado requería un poder otorgado por la titular de la información y, por otra, se observa que el MINEDUC le proporcionó la información solicitada.

Mediante correo electrónico de 17 de julio de 2013, la requirente señaló lo siguiente:

a) Respecto de la solicitud (1°), indicó que acompañaba los documentos requeridos.

b) En cuanto a la solicitud (2°), señaló que “no consta ninguna derivación de la solicitud a la Secretaría Regional Ministerial de la Región de Valparaíso”. Sobre el particular, la reclamante agregó que “la derivación para certificaciones al SEREMI es errónea o contradictoria”, que “la documentación entregada es de dicha repartición (SEREMI), no de MINEDUC”, y que “por lo tanto, la información entregada no corresponde a la solicitada”.

c) En relación a la solicitud (3°) indicó que el requerimiento de información no se comunicó a la Sra. Soto Vergara conforme al procedimiento contemplado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, “porque la Sra. Soto Vergara renunció a ejercer ese derecho mediante una declaración jurada notarial” la cual “se acompañó al contestar la aclaración solicitada por el Ministerio el 24 de mayo, donde se clarificó que la solicitud se solicita a título personal y no en representación de otro y que el titular renunciaba a oponerse” [sic]. Agregó que “la contestación del MINEDUC no consideró esto y pide, para entregar la información, «copia del poder otorgado por la Sra. Soto Vergara». Posteriormente, se corrige, pero sólo vía electrónica”.

d) Respecto de la solicitud (4°), la requirente indicó que se le entregó la siguiente información:

i. “Copia de hoja de vida de Secreduc Viña del Mar (digital)” [sic]. Al respecto, la reclamante señaló que “si bien tiene información relativa a la materia no corresponde a la información solicitada”.

ii. “Carta de respuesta por correo postal que incluye: Datos de resoluciones de Nombramiento (1) N° 723 de 20.04.65; (2) N° 4393 de 26.11.65; (3) Decreto N° 5433 de 02.06.66; (4) N° 35.798 de 04.12.74”. Al respecto, la solicitante indicó que “no consta que la información corresponda a la solicitada, ya que no se acompañan materialmente y se entregan sólo datos”.

iii. “Oficio de Derivación a DIBAM (digital)”. Al respecto señaló que DIBAM tampoco acompañó materialmente la información.

iv. Correo electrónico de MINEDUC, de 6 de junio de 2013, suscrito por don Rodolfo Bravo Herrera, que modifica información anterior y entrega información por vía digital.

v. Correos electrónicos –parte del anterior– donde consta recopilación de la información entregada a la solicitante.

Asimismo, respecto de la solicitud (4°) indicó que no se le entregó la siguiente información:

i. Ficha Funcionaria del Ministerio de Educación, Nivel Central. Al respecto, señaló que se le entregó otra información, correspondiente a la copia de la hoja de vida de “Secreduc Viña del Mar”.

ii. Decreto que acepta renuncia, su notificación y toma de razón.

iii. Copia del decreto de nombramiento del último cargo desempeñado por la Sra. Soto Vergara, su notificación y toma de razón.

e) En cuanto a la solicitud (5°), la solicitante indicó lo siguiente:

i. Respecto de lo señalado en su amparo en el numeral 2°, es decir, que “la fotocopia enviada por correo electrónico posterior a contestación por carta certificada es ilegible”, la requirente indicó en la respuesta a la subsanación que “el documento entregado es prácticamente ilegible. Entregado por archivo digital”.

ii. Respecto de lo señalado en su amparo en el literal a), en cuanto a que “la información entregada no concuerda con anterior, verbal sobre extravío o pérdida de ficha funcionaria en departamento de Kárdex” indicó que “con anterioridad, el MINEDUC señaló verbalmente que la información requerida no se encontraba, sin explicar la causa de la falta o pérdida ni facilitar su recuperación. En la contestación por Ley N° 20.285, por el contrario, señala por escrito que «se encuentra disponible para el retiro». Esta contradicción se aclara por el correo de respuesta emitido por la División de Administración General (DAG), incluido en el correo electrónico de 6 de junio, que indica que la información corresponde a la hoja de vida de Secreduc de Viña del Mar, lo que no corresponde a lo solicitado”.

iii. En relación a lo indicado en su amparo en el literal b), esto es, que “no señala si copia de las resoluciones solicitadas se encuentran en departamento de Archivo de MINEDUC”, la solicitante indicó que ello se refiere a “las diversas derivaciones ordenadas por el Ministerio. MINEDUC cuenta con un departamento de Archivo y en la respuesta no se indica que estos decretos no se encuentren en ese departamento y que por eso deriva a DIBAM”.

iv. Respecto de lo señalado en su amparo en el literal d), es decir, que “no envía antecedentes mediante los cuales se reunió la información y que justifiquen lo expuesto”, la solicitante indicó que “falta parte de los correos electrónicos u otras comunicaciones mediante la cual se compila lo entregado…”.

f) Respecto de la solicitud (6°), señaló que “el día 6 de junio MINEDUC contesta, por carta de correo certificado, solicitándome el poder de la titular de la información para entregarla. Como me pareció improcedente, llamé por teléfono a quien suscribía la carta señalándole mis objeciones, me pidió un correo electrónico para que el abogado se comunicara conmigo. El mismo 6 de junio recibí un correo de MINEDUC, suscrito por don Rodolfo Herrera Bravo, que acogía las objeciones verbales y remitía –vía electrónica- (no por correo certificado) la información que se objeto en el numeral 4. En concepto de la reclamante, la simple entrega de un correo electrónico no constituye renuncia a las formalidades solicitadas por escrito y de manera expresa”.

6) RECLAMANTE ACOMPAÑA DOCUMENTOS: La solicitante, mediante presentación ingresada a este Consejo el 18 de julio pasado, acompañó los siguientes documentos:

a) Copia íntegra de la solicitud de información, de 10 de mayo de 2013.

b) Contestación de la recurrente a la solicitud de aclaración efectuada por el MINEDUC, de 24 de mayo de 2013.

c) Declaración jurada ante notario de la titular de la información, renunciando al ejercicio del derecho que le otorga el artículo 20 de la Ley de Transparencia y solicitando se proceda a entregar la documentación requerida.

d) Copia simple de la solicitud de aclaración del MINEDUC de 15 de mayo de 2013.

e) Respuesta del MINEDUC, notificada el 6 de junio de 2013 por correo certificado.

f) Correo electrónico de 6 de junio de 2013 de MINEDUC, en que corrige respuesta enviada por correo y acompaña documentación.

g) Copia de hoja de vida de Secreduc Viña del Mar y oficio de derivación a DIBAM, entregados a la solicitante por el órgano reclamado.

h) Respuesta de DIBAM notificada el 28 de junio de 2013.

i) Fotocopia de sobre de correo de solicitud de subsanación remitida por el Consejo para la Transparencia, de 9 de julio de 2013.

7) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo, mediante Oficio N° 3.111, de 22 de julio de 2013, trasladó el presente amparo al Sr. Subsecretario de Educación. En atención a que dicha autoridad no dio respuesta dentro del plazo legal, este Consejo, por medio de correo electrónico de 10 de septiembre recién pasado, le concedió un plazo de carácter extraordinario de tres días hábiles a partir de la fecha de su envío, para contestar el traslado.

No obstante ello, mediante Ordinario N° 001041, de 17 de octubre de 2013, remitido por correo electrónico el 21 del mismo mes y año, e ingresado materialmente a este Consejo el 21 de octubre recién pasado, el Sr. Subsecretario de Educación evacuó sus descargos y observaciones, señalando, en síntesis, lo siguiente:

a) El 5 de junio de 2013, el organismo reclamado, a través de su Equipo de Atención Web Ayuda MINEDUC, remitió una respuesta a la solicitante, indicándole que la información requerida se encontraba parcialmente disponible, debiendo retirarla personalmente. Lo anterior obedeció a que, por tratarse de un documento con información personal, el MINEDUC debía verificar que la entrega se efectuase a la persona autorizada por la titular de los datos.

b) En cuanto a la calidad de la reproducción del documento entregado, efectivamente no resulta muy legible, pero ello se debe a las condiciones en las que se encuentra el original, dada su antigüedad. Por lo tanto, cualquier otra copia que se obtenga no debería variar significativamente en calidad. No obstante, la peticionaria, si lo desea, puede acudir a consultar la ficha original directamente en el MINEDUC.

c) Sobre los decretos y resoluciones solicitados, se informó a la Sra. Soto que, atendida su fecha (entre 1965 y 1974), se encuentran en el Archivo Nacional. En ese sentido, de acuerdo con la legislación vigente, el MINEDUC cumplió con el mandato de enviar tales actos administrativos al mencionado Archivo, no estando obligado a guardar copia de ellos en archivos internos, atendida su antigüedad.

d) De conformidad con la Ley de Transparencia, al conocer esta situación se procedió a derivar por oficio a la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, DIBAM, en su calidad de órgano competente, e informar de ello a la peticionaria.

e) En definitiva, el MINEDUC procedió a la entrega de la única documentación que se encontraba en su poder, en las condiciones de conservación en que se encuentra, dada su fecha, y derivó al órgano competente respecto de aquellos actos de la administración sobre los cuales no guarda copia.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, en primer término, cabe hacer presente que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 13 de la Ley de Transparencia, “En caso que el órgano de la Administración requerido no sea competente para ocuparse de la solicitud de información o no posea los documentos solicitados, enviará de inmediato la solicitud a la autoridad que deba conocerla según el ordenamiento jurídico, en la medida que ésta sea posible de individualizar, informando de ello al peticionario. Cuando no sea posible individualizar al órgano competente o si la información solicitada pertenece a múltiples organismos, el órgano requerido comunicará dichas circunstancias al solicitante”.

2) Que, en el caso de la especie, la solicitud de acceso a la información que motivó el presente amparo fue formulada ante el MINEDUC el 10 de mayo de 2013, según se acreditó en esta sede. Posteriormente, dicho organismo, en aplicación de lo dispuesto en el citado artículo 13 de la Ley de Transparencia, derivó parcialmente la referida solicitud de acceso a la DIBAM, por estimar que su literal b) no era de competencia del MINEDUC, por encontrase dichos antecedentes en poder de DIBAM. Dicha derivación se verificó mediante el Ordinario N° 361, de 5 de junio de 2013, y fue comunicada a la solicitante mediante carta sin número, de la misma fecha y a través de la cual también se dio respuesta a la solicitud de acceso a la información, la cual, según expone la recurrente, le fue notificada el 6 de junio pasado.

3) Que, al respecto, atendido que la citada derivación a la DIBAM, en lo relativo al literal b) de la solicitud, se verificó cumpliendo los requisitos que contempla el artículo 13 de Ley de Transparencia y que el amparo de la especie fue deducido en contra de MINEDUC y no de la DIBAM –organismo que, en todo caso, dio respuesta a la solicitante, mediante Ordinario N° 415, de 25 de junio de 2013, respecto de la cual este Consejo no emitirá pronunciamiento–, este Consejo concluye que la reclamación que se analiza debe entenderse circunscrita específicamente a lo pedido en el literal a) de la solicitud de información.

4) Que, precisado lo anterior, cabe consignar, en relación con el objeto del presente amparo –literal a) de la solicitud de información–, esto es, acceso a copia de la ficha funcionaria de la Sra. Yolanda Soto Vergara, respecto a los servicios prestados por ella entre los años 1965 y 1974, que el MINEDUC, en su respuesta de 5 de junio de 2013, sostuvo que la información solicitada se encontraba disponible parcialmente y su retiro debía efectuarse personalmente, acto en el cual la solicitante debía exhibir cédula de identidad y copia del poder otorgado por la Sra. Soto Vergara, agregando que esta última dejó el servicio por acogerse al artículo 169 del D.F.L. N° 338, de 1960 (Estatuto Administrativo), por aceptar otro cargo público. Señaló, además, que cualquier tipo de certificación debía ser solicitada directamente a través de la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región de Valparaíso. No obstante dicha respuesta, el 6 de junio de 2013, el Sr. Rodolfo Herrera, Coordinador Ministerial de Transparencia, mediante correo electrónico, señaló que “habiendo tenido a la vista la respuesta a la aclaración (a que alude el numeral 2° de la parte expositiva de la presente decisión) recibida en la Oficina de Partes del Ministerio de Educación, el día 24 de mayo, en la cual se adjunta la declaración jurada realizada por doña Yolanda María Antonieta Soto Vergara, procedemos a enviar en archivo adjunto: ficha funcionaria, correo de respuesta emitido por la División de Administración General (DAG) y respuesta enviada a Doña Victoria Soto a través de correo postal el 05-06-2013”.

5) Que, previamente a resolver el fondo del asunto controvertido, es menester precisar la calidad en virtud de la cual compareció la solicitante ante el organismo reclamado, toda vez que esta última no es la titular de los datos contenidos en la ficha pedida. Al respecto, cabe señalar que la solicitante indicó a este Consejo, con ocasión de la subsanación del amparo –actuación consignada en el numeral 5° de lo expositivo–, respecto del requerimiento de información, que “se solicita a título personal y no en representación de otro”. En consecuencia, resulta claro que la solicitante compareció ante el MINEDUC reclamado a nombre propio y no en representación de la Sra. Soto Vergara.

6) Que, teniendo ello presente e independientemente del mérito que el MINEDUC le haya otorgado a la declaración jurada acompañada por la peticionaria, debe concluirse que la información contenida en la ficha funcionaria de la Sra. Yolanda Soto Vergara comprende datos personales de su titularidad, pues se refiere a datos concernientes a una persona natural identificada, en los términos previstos en el artículo 2°, letra f), de la Ley N° 19.628. Que, por tanto, divulgar los datos contenidos en dicha ficha a individuos distintos de su titular –como ocurre en el presente caso con la solicitante– constituye una comunicación o transmisión de datos personales, de conformidad con lo que preceptúa la letra c) del artículo 2° de la Ley N° 19.628, siendo menester determinar si tal comunicación se encontraba amparada por el derecho de acceso a la información pública o si, por el contrario, debía ser sometida al régimen de secreto consagrado en la citada Ley N° 19.628.

7) Que, por su parte, en virtud de lo establecido en el artículo 5° de la Ley de Transparencia, toda información elaborada con presupuesto público o que obre en poder de la Administración, es pública, tal como acontece, en principio, con la ficha funcionaria solicitada. Que, además, en relación con ello, este Consejo, en las decisiones recaídas en los amparos Roles A47-09, A58-09, A95-09, A327-09, 137-11 y C377-13, entre otras, ha sostenido que la órbita de privacidad de los funcionarios que trabajan para la Administración del Estado es más reducida que la del resto de las personas, y ha ordenado, por ejemplo, la entrega de instrumentos de medición de desempeño (decisión Rol A323-09); registros de asistencia (decisiones Roles A181-09 y C434-09); currículum vítae de algunos funcionarios (decisión Rol C95-10). Sobre este punto y a mayor abundamiento, cabe recordar que la función pública, según lo establecido en los artículos 8° de la Constitución Política y 3° de la Ley de Transparencia, debe ejercerse con probidad y transparencia, favoreciendo el interés general por sobre los intereses particulares, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación, elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía, por el solo hecho de ser funcionarios públicos al servicio de la misma.

8) Que, teniendo presente lo anteriormente razonado, este Consejo también ha sostenido que no toda información subsumible en la categoría de dato personal es per sé secreta, pues ello obviaría la inteligencia o sentido de la regla de publicidad de la información que obre en poder de la Administración del Estado, contenida en los artículos 5°, 11 letra c) y 21 de la Ley de Transparencia. Para abordar esta problemática, este Consejo ha optado por circunscribir los efectos de sus decisiones al caso concreto, utilizando los denominados tests de daños y de interés público.

9) Que, de este modo, analizada la hoja de vida funcionaria de la Sra. Soto Vergara, se advierte que la misma contenía los datos de su vida funcionaria, correspondientes al período solicitado, esto es, entre los años 1965 a 1974. En efecto, dicha hoja de vida comprendía, además de sus datos de identificación –nombre completo, nacionalidad, título profesional, entre otros–; información relativa al lugar en el que desempeñó sus funciones; los cargos anteriores que sirvió en la Administración del Estado; el número y fecha del respectivo acto administrativo de nombramiento y renuncia; períodos de duración de licencias médicas y permisos solicitados con ocasión del desempeño de su cargo; percepción de asignaciones familiares y su causa; el número y fecha del acto administrativo que las autorizó y la fecha de duración de la percepción de dicha asignación; número y fecha del acto administrativo de nombramiento; número y fecha del acto administrativo que autorizó la asistencia a un curso de perfeccionamiento y el período de duración del mismo. Asimismo, se consignó la aplicación de una medida disciplinaria, la cual se encuentra, a la fecha, cumplida, además de información complementaria que no resulta legible.

10) Que, respecto de la información acerca de los períodos en que la citada ex funcionaria presentó licencias médicas, cabe precisar que en la ficha requerida no se hace alusión a los diagnósticos médicos que las justificaron. Por ello, es menester tener presente, en este caso, conforme a los criterios expresados por este Consejo en las decisiones de los amparos Rol C187-11 y C43-13, que “la información relativa al otorgamiento de licencias médicas a funcionarios públicos que permitan justificar el incumplimiento de su jornada laboral no corresponde a un dato referente a la vida privada de o intimidad de éstos pues, según ha sostenido este Consejo, la esfera de privacidad e aquel personal que trabaja para la Administración del Estado (…) es más reducida que la del resto de las personas en virtud, precisamente, de las funciones que ejercen”, precisando, además, que “en la medida que el dato relativo a la presentación de licencias médicas por enfermedad común y las fechas de duración de las mismas no dan cuenta, por sí mismas, del tipo de enfermedad que ha padecido o padece el funcionario de que se trate, puede concluirse que tal información no concierne al estado de salud físico o psíquico de una persona”. En consecuencia, la divulgación del período que abarcaron las licencias médicas en comento no ha implicado la difusión de un dato sensible acerca del estado de salud de la persona de que se trata.

11) Que, teniendo ello presente, efectuado el examen de la ficha funcionaria pedida y obrando ésta en poder de un órgano de la Administración del Estado, puede constatarse que la información en ella contenida da cuenta de diversos datos generados con ocasión de la función pública ejercida por la Sra. Soto Vergara, durante el periodo en que sirvió sus respectivos cargos. Por tanto, dicha información no sólo debe presumirse pública, sino que concurre, en el caso en análisis, un interés público en su divulgación. Lo anterior, sin perjuicio de lo que se indicará en el considerando siguiente.

12) Que, en efecto, del citado análisis a la hoja de vida funcionaria de la Sra. Soto Vergara, se concluyó que ésta contenía la aplicación de una medida disciplinaria, que, a la fecha, se encuentra cumplida. Que, respecto de los datos personales relativos a sanciones administrativas, el artículo 21, inciso primero, de la Ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, establece que “Los organismos públicos que sometan a tratamiento datos personales relativos a condenas por delitos, infracciones administrativas o faltas disciplinarias, no podrán comunicarlos una vez prescrita la acción penal o administrativa, o cumplida o prescrita la sanción o la pena”. Que, en el caso en análisis, conforme al criterio expuesto en el considerando 8) anterior, no existen antecedentes que permitan constatar un interés público preponderante en la publicidad de la información referida a dicha medida disciplinaria, que, a su vez, conduzca a justificar que la regla prevista en el artículo 21 de la Ley N° 19.628 ceda ante un interés general en la divulgación de la misma. En razón de ello, cabe concluir que el MINEDUC, al entregar copia íntegra de la ficha funcionaria solicitada, no efectuó la divisibilidad que resultaba necesaria para dar observancia a la norma antes citada, en orden a proteger los datos relativos sanciones cumplidas o prescritas, razón por la cual este Consejo, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 33, letra m) de la Ley de Transparencia en cuanto a “velar por el adecuado cumplimiento de la Ley Nº 19.628”, debe representar a dicho organismo la falta de cuidado en que ha incurrido al entregar tal información, lo que ha implicado la transgresión de la norma de protección citada en el presente considerando.

13) Que, por otra parte, cabe constatar que el Ministerio reclamado omitió dar lugar al procedimiento de oposición reglado por el artículo 20 de la Ley de Transparencia respecto de la Sra. Soto Vergara, conforme al cual los órganos de la Administración deberán comunicar mediante carta certificada, a la o las personales “a que se refiere” la información solicitada, la facultad que les asiste para oponerse a la entrega de los documentos solicitados. Dicha omisión debe analizarse teniendo presente que la solicitud en comento decía relación con la divulgación de datos personales de dicho tercero, razón por la cual, la regla de “consentimiento tácito” que reconoce el citado artículo 20, cede, ante la falta de comunicación al tercero, ante la regla especial del artículo 4° de la Ley N° 19.628, atendida su especialidad y el carácter secreto que les reconoce el artículo 7° de la Ley N° 19.628. Lo anterior, sin perjuicio de la facultad de este Consejo, conforme a los literales b), j) y m) del artículo 33 de la Ley de Transparencia, de examinar las circunstancias del caso concreto y resolver si, en situaciones determinadas, debe prevalecer su carácter público, análisis que se realizó, respecto de lo solicitado en la especie, en los considerandos 9), 10), 11) y 12) precedentes.

14) Que, en relación con la omisión en que incurrió el MINEDUC en orden a haber dado aplicación al procedimiento previsto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, cabe hacer presente que la declaración jurada acompañada por la requirente, en virtud de la cual la Sra. Soto Vergara renunciaba a su derecho a oposición consagrado en dicha disposición, no pudo producir tal efecto, toda vez que no procede la renuncia, de forma anticipada y genérica, a tal derecho. Por tanto, se representará al organismo reclamado el hecho de no haber comunicado la solicitud al tercero involucrado en el presente caso, omitiendo la aplicación del procedimiento del artículo 20 de la Ley de Transparencia.

15) Que por lo razonado en los considerandos precedentes, este Consejo rechazará el amparo de la especie, en atención a que no se configura el fundamento del presente amparo, a saber, que la información entregada no corresponde a la solicitada, sin perjuicio de que la peticionaria pueda dirigirse al MINEDUC para revisar de manera presencial la hoja de vida funcionaria con que cuenta dicho organismo, teniendo presente las prevenciones efectuadas por este Consejo. Ello, sin perjuicio de lo que se señalará en el considerando que sigue respecto de la forma de entrega de la información.

16) Que, finalmente, en cuanto a la forma de entrega de la información, el artículo 17, inciso primero, prevé que “la información solicitada se entregará en la forma y por el medio que el requirente haya reclamado, siempre que ello no importe un costo excesivo o un gasto no previsto en el presupuesto institucional, casos en que la entrega se hará en la forma y a través de los medios disponibles”. En la especie, la requirente expresamente solicitó, como forma de entrega de la información, la carta certificada, en tanto que el MINEDUC dio respuesta por esa vía, pero remitió copia de la hoja funcionaria en formato digital, mediante correo electrónico de 6 de junio, sin expresar los fundamentos que justificaban la entrega a través de dicha forma y medio, todo lo cual contravino lo dispuesto en la citada disposición legal.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por doña Victoria Soto Navarro en contra del Ministerio de Educación, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Representar al Sr. Subsecretario de Educación:

a) No haber comunicado la solicitud a la Sra. Soto Vergara, en su calidad de tercero involucrado en el presente caso, omitiendo la aplicación del procedimiento del artículo 20 de la Ley de Transparencia. Lo anterior, a fin de que se adopten las medidas necesarias a fin de evitar que, situaciones como la de la especie, se reiteren.

b) No haber dado cumplimiento, en la especie, a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 19.628, respecto de la información citada en el considerando 12) anterior, y, en consecuencia, no haber dado aplicación al principio de divisibilidad, previsto en el artículo 11, literal e), de la Ley de Transparencia, al proceder a la entrega de lo solicitado. Lo anterior, a fin de que, en lo sucesivo, adopte las medidas que sean pertinentes a fin de dar observancia a lo establecido en dichas disposiciones.

III. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Victoria Soto Navarro, al Sr. Subsecretario de Educación, y a doña Yolanda Soto Vergara, en su calidad de tercero involucrado en este procedimiento.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley Nº 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Alejandro Ferreiro Yazigi y don José Luis Santa María Zañartu. Se deja constancia que el Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia, don Rubén Burgos Acuña.