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Lisette Rebolledo Acuña con DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA (CHILECOMPRAS) Rol: C1429-13

Consejo para la Transparencia, 27/11/2013

Se dedujo amparo en contra de la Dirección de Compras y Contratación Pública, fundado en que se le denegó la información solicitada sobre la pauta de respuestas correctas de la prueba en detalle, es decir, las preguntas con sus respectivas alternativas de respuesta y que se indique la respuesta correcta… independiente de los resultados que aparecen en la página de formación, donde solo se indica la cantidad de respuestas en las que uno erró por materia (sin el detalle correspondiente). El Consejo señaló que los argumentos esgrimidos por la Dirección de Compras y Contratación Pública para justificar la causal de reserva invocada resultan plausibles, toda vez que se estima que la revelación de la información pedida generaría una afectación al debido cumplimiento de las funciones del señalado organismo, de una entidad y especificidad suficientes para entender fundada la reserva que ha sido invocada. En efecto, en primer lugar, por cuanto la divulgación de la información pedida genera un riesgo concreto de que la Dirección de Contratación y Compras Públicas disponga de un conjunto cada vez más reducido de posibles preguntas que podría emplear en las respectivas evaluaciones que aplique, en circunstancias que dicho ámbito ya es reducido en función de las específicas materias sobre las que debe recaer dicho examen, según el mismo ha explicado, y máxime si debe aplicar dos evaluaciones anuales.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza

Tipo caso:

  • Amparo


Descriptores analíticos:

Tema Justicia
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Legislación aplicada:


Consejeros:

  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime), Presidente
  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Unánime)
  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C1429-13

Entidad pública: Dirección de Compras y Contratación Pública

Requirente: Lisette Rebolledo Acuña

Ingreso Consejo: 02.09.2013

En sesión ordinaria Nº 483 del Consejo Directivo, celebrada el 27 de noviembre de 2013, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1429-13.

VISTO:

Los artículos 5º, inc. 2º, 8º y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes Nº 20.285 y Nº 19.880; lo previsto en el D.F.L. Nº 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575; los D.S. Nº 13/2009 y Nº 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley Nº 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia; las disposiciones de la Ley N° 19.866, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, y su Reglamento establecido en el D.S. N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 25 de junio de 2013, doña Lisette Rebolledo Acuña solicitó a la Dirección de Compras y Contratación Pública (en adelante, indistintamente CHILECOMPRAS), la siguiente información relacionada con la prueba de acreditación 2013 realizada por el organismo para acreditar a los usuarios del sistema: “…la pauta de respuestas correctas de la prueba en detalle, es decir, las preguntas con sus respectivas alternativas de respuesta y que se indique la respuesta correcta… independiente de los resultados que aparecen en la página de formación, donde solo se indica la cantidad de respuestas en las que uno erró por materia (sin el detalle correspondiente)”.

2) RESPUESTA: CHILECOMPRAS respondió a la antedicha solicitud el 16 de agosto de 2013, denegando la información solicitada en base a los siguientes argumentos:

a) CHILECOMPRAS ha dispuesto diversos mecanismos que le permiten a los usuarios del sistema estudiar sobre el funcionamiento del mismo, mediante el acceso a capacitaciones gratuitas, material de apoyo en su sitio web (www.formacion.chilecompra.cI), como a través del acceso a las temáticas más débiles y fuertes de cada persona. Así, ingresando a dicha plataforma con su nombre de usuario, el funcionarlo podrá ver el porcentaje obtenido en Ia prueba y para cada tema evaluado, Ia cantidad de preguntas correctas e incorrectas.

b) Tal como sucede en evaluaciones de otras pruebas nacionales e internacionales (PSU, SIMCE, PISA, etc.), y ciertamente en la prueba de acreditación sobre que versa la solicitud, no se recomienda Ia entrega de las preguntas a los postulantes, por cuanto las pruebas que se aplican año a año se diseñan a partir de un grupo amplio de preguntas construidas por expertos, y que podrían ser reutilizadas en otra prueba en el futuro. Asimismo, no sería ecuánime que personas que rindieron una vez y que por lo mismo tuvieron acceso a su prueba posteriormente, tengan ventajas sobre quien se encamina a rendir la prueba por primera vez.

c) Adicionalmente, el hecho de estudiar de un cuadernillo con preguntas, no necesariamente implica manejar los contenidos y su aplicación, sino que puede ocurrir que algunas personas aprendan de memoria las preguntas. Por tanto, Ia prueba se podría transformar en una actividad de memorizar preguntas específicas y no necesariamente reflejar el conocimiento real de una persona. En tal sentido, debe tenerse en cuenta que el conocimiento es, por definición, dinámico, por lo que una pregunta aplicada en el pasado podría estar reflejando una normativa antigua o un procedimiento obsoleto, por lo que estudiar de cuadernillos antiguos podría confundir e incluso perjudicar a los futuros evaluados.

d) Por lo anterior, se estima que Ia entrega de Ia prueba y su pauta de evaluación afectaría el debido cumplimiento de las funciones de la Dirección de Compras y Contratación Pública, especialmente en lo que refiere a garantizar que los usuarios tengan las competencias para operar en el sistema de la forma más adecuada. Lo anterior configuraría la causal de secreto o reserva prevista en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia.

e) No obstante ello, y tal como se le indicara a la solicitante en conversaciones previas, cuando lo estime conveniente, podría solicitar le sean exhibidos los documentos requeridos en las oficinas del organismo, en el horario que indica y previa petición de entrevista con el funcionario encargado.

3) AMPARO: El 2 de septiembre de 2013, la solicitante dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que se le denegó la información solicitada, y argumentando, en resumen, que:

a) Respecto de la recomendación a que hace referencia CHILECOMPRAS en relación a otras pruebas nacionales o internacionales, cabe consignar que la revisión en detalle de resultados posterior a la publicación general de los mismos, es un proceso que no encuentra limitación previa en la “Guía del Proceso de Acreditación de Competencias de los usuarios compradores del Sistema de Compras y Contratación Pública de Chile – Proceso 2013”, así como tampoco en el “Reglamento del Proceso de Acreditación de Competencias – Período 2013” (ambos aprobados mediante Resolución Exenta N° 55B). Por lo tanto, la recomendación propuesta no es vinculante, de manera que perfectamente cualquier usuario podría acceder a esta información. Asimismo, y contrariamente a lo que plantea el organismo, en pruebas tales como la PSU, sí se consigna en su reglamentación la posibilidad (y la forma) en la cual efectivamente se pueden revisar los resultados, una vez publicados éstos.

b) El hecho que el usuario que haya rendido la prueba alguna vez pueda acceder a sus respuestas posteriormente, le signifique alguna ventaja, es una conclusión que sólo podría tener validez en el supuesto que aquél no haya logrado acreditarse, deba realizar nuevamente la prueba y esta última contenga las mismas preguntas. En el caso de que el usuario logre acreditarse, el acceso a los resultados en detalle no constituye ningún tipo de ventaja, sino que lisa y llanamente el usuario ejerce su derecho a saber en qué se equivocó y en qué acertó, con la finalidad de mejorar sus decisiones a nivel laboral. En cualquier caso, en el primer escenario planteado (usuario que no logra acreditarse), resulta llamativo que de un cuadernillo de 210 preguntas, siendo la prueba de tan sólo de 60, sea posible que se repitan las mismas preguntas en el segundo proceso. Se sugiere entonces que el servicio evite que se repitan, y con esto impida que se produzca la supuesta ventaja a que se hace mención, por lo demás esta sugerencia, además de factible, hace mucho más sentido que evitar que se publiquen los resultados.

c) Por otra parte, los usuarios que rindieron la primera prueba igualmente podrían filtrar información acerca de las preguntas realizadas, por lo que si se repiten en la segunda prueba, claramente se puede generar una ventaja para los que la rendirán, generándose el mismo efecto que el servicio atribuye a la publicación de los resultados. Es más, bajo la lógica plateada por CHILECOMPRAS, no podrían estar publicados ni siquiera aquellos documentos que apoyan la formación de los compradores públicos, incluyendo el mismo cuadernillo de preguntas y respuestas con el cual se construye la prueba de acreditación, ya que cualquiera de las preguntas que aparecen allí, contienen respuestas que se pueden estudiar con detención antes de la prueba y eventualmente el usuario podría aprenderse las respuestas que considere correctas. Referente a lo mismo, el servicio admite, paradójicamente, que el hecho de estudiar de un cuadernillo con preguntas no necesariamente implica manejar los contenidos y su aplicación. Sin embargo, el poner a disposición pública un cuadernillo de preguntas con el cual se construye la prueba también traería como consecuencia que Ia prueba se podría transformar en una actividad de "memorizar preguntas específicas", como plantea el servicio.

d) El problema radica entonces en la metodología de evaluación de la prueba que el servicio determinó, y no en el comportamiento de los usuarios, quienes simplemente adscriben a dicha metodología al momento de ser evaluados. Por lo mismo, tal vez sería pertinente que el servicio reformulara su sistema de acreditación para que los usuarios no tengan que estudiar de cuadernillos con preguntas preestablecidas con el fin de demostrar sus competencias, independiente de que conozcan o no las respuestas correctas por cada pregunta.

e) En otro orden de consideraciones, el artículo 30 de la Ley de Compras Públicas, establece cuáles son las funciones del servicio y entre éstas no se halla la que el organismo señala se vería afectada de publicarse la información pedida, esto es, garantizar que los usuarios tengan las competencias para operar en el sistema. A mayor abundamiento, sólo a nivel reglamentario (artículo 5 bis del Decreto 250, que aprueba Reglamento de Compras) se establece la obligatoriedad de que los usuarios de las entidades licitantes cuenten con las competencias técnicas suficientes para operar en el sistema de información, de acuerdo a lo establecido en las Políticas y Condiciones de Uso del Sistema de Información y Contratación Electrónica que la Dirección dicte. Asimismo en aquellas Políticas y Condiciones de Uso dictadas, se determina que “los usuarios de las entidades licitantes deberán acreditar sus competencias técnicas ante la Dirección para operar en el Sistema de Información”. Finalmente el hecho de solicitar los resultados de la prueba, en nada entorpece que el organismo garantice que los usuarios cuenten con las competencias para trabajar en el sistema, en tanto es el mismo quien deberá proveer que su metodología de acreditación no sea solo eficaz, sino que también transparente y contribuya con ello a optimizar el proceso en general.

f) Por último, si bien la opción planteada por CHILECOMPRAS en orden a permitir el acceso a lo pedido pero en forma especial y con la debida asesoría, es valorable y positiva, se estima pertinente que la información se otorgue por la vía de acceso, apelando no sólo a que el hecho de conocer los resultados permitiría mejorar el desenvolvimiento laboral en cuanto a conocer qué errores no se deben cometer (respuestas incorrectas) y qué buenas prácticas mantener (respuestas correctas), sino también porque es importante discutir algunas preguntas y respuestas que a consideración de la solicitante, no están correctamente formuladas, dando lugar a suspicacias al momento de responder. En consecuencia, se pretende aportar a la mejora del proceso de manera formal, permitiendo ocupar los conductos regulares en caso de no estar de acuerdo en alguna pregunta/respuesta que se considere mal formulada.

g) Por otra parte, y referente a lo mismo, la opción de revisar la prueba en las oficinas del servicio, no necesariamente impide que la información se filtre, independiente de que no es la intención inicial, pero si se ofrece esta opción a otros usuarios, no se tendrá seguridad plena de que se resguarde la reserva de la información que defiende el servicio. Esto desvirtúa las aprehensiones del servicio en cuanto a las ventajas a que daría lugar el conocer los resultados de la prueba.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: En virtud de lo anterior, el Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación el presente amparo, trasladándolo mediante el Oficio N° 3.796, de 5 de septiembre de 2013, al Sr. Director de Compras y Contratación Pública, a quien se solicitó especialmente referirse en sus descargos a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada. La autoridad contestó el traslado mediante el Ordinario Nº 1295-13, de 25 de septiembre de 2013, y planteó dos argumentos centrales para sostener la reserva invocada en la respuesta, a saber:

I. La reserva es necesaria para que la Dirección de Compras y Contratación Publica vele por la eficiencia del Sistema de Compras Públicas.

a) En primer lugar, señala, el Sistema de Información, conocido como www.mercadopublico.cl y creado a partir de la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, es la plataforma por la cual los Organismos de la Administración del Estado –exceptuadas las empresas públicas y demás organismos exceptuados por ley–, efectúan sus procesos de compra tratándose de bienes y servicios. Como se sabe, la función de velar por su correcto funcionamiento recae únicamente en esta Dirección de Compras, y se trata de un mercado que va en constante aumento tanto de volúmenes transados, como de proveedores registrados y oportunidades de negocio, al punto que la actualidad transa anualmente cerca de US$ 9.000.000.-. Tal manejo de recursos públicos implica la observancia por parte de los operadores del sistema, de una serie de reglas y principios jurídicos establecidos en diversas normas, siendo las más importantes la citada ley 19.886, y el Decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que contiene el Reglamento de dicho cuerpo legal.

b) Bajo la idea de enfatizar la exigencia de conocer el marco regulatorio y de operatividad del Sistema de Información por parte de quienes son sus operadores, el artículo 5° bis del Reglamento, estableció que “Los usuarios de las entidades licitantes deberán contar con las competencias técnicas suficientes para operar en el Sistema de Información, de acuerdo a lo establecido en las Políticas y Condiciones de Uso del Sistema de Información y Contratación Electrónica. Tales competencias técnicas estarán referidas a los distintos perfiles de usuarios y comprenderán materias relacionadas con gestión de abastecimiento, uso del portal, aplicación de la normativa y conceptos de ética y probidad en los Procesos de Compra, entre otros. Los perfiles de usuarios estarán definidos en las Políticas y Condiciones de Uso”.

c) Es decir, la normativa de compras públicas establece perentoriamente que todas las personas que se desempeñen en la función ya descrita, deben contar con conocimientos respecto de las materias asociadas a su perfil dentro de la entidad pública a la cual pertenecen, existiendo niveles de operador, supervisor, abogado, auditor y jefe de servicio. Ahora bien, siendo atribución del servicio el “Establecer las políticas y condiciones de uso de los sistemas de información y contratación electrónicos o digitales que se mantengan disponibles”, según lo prescribe el artículo 30, letra h), de la Ley 19.886, se estimó que para medir estos conocimientos cuya acreditación ha sido exigida por la norma antes transcrita, se utiliza una prueba de selección múltiple, que requiere un trabajo de análisis y validación previa por la utilización de distractores.

d) Este tipo de prueba, que desde el año 2008 es aplicada 2 veces al año, y cuya acreditación dura 2 años para quien la aprueba, permite evaluar si el postulante efectivamente sabe o no las materias que se consultan en relación con el perfil que desempeña en la institución compradora, razón por la cual la base de preguntas para formular la prueba es limitada, toda vez que las materias objeto de la prueba tiene carácter acotado, según lo estableció la norma precitada, resultando cada vez más difícil diseñar nuevas preguntas que permitieran una medición efectiva de los conocimientos de los participantes. En este sentido, y tal como se expuso en la resolución recurrida, con la entrega de las copias de los formatos de las pruebas y sus consiguientes respuestas destinadas a acreditar conocimientos específicos en la especie, se facilitaría a los próximos postulantes la obtención de buenos resultados en la rendición de futuras pruebas, y por tanto, CHILECOMPRAS no cumpliría cabalmente con sus funciones legales, toda vez que aquellos se prepararían circunstanciadamente y sólo con el objetivo de aprobar dichas evaluaciones, sin que este organismo pudiese verificar fielmente la suficiencia de sus conocimientos, con el evidente perjuicio del Sistema de Compras Públicas, al contar con funcionarios públicos que desconozcan la correcta forma de actuar en estos procesos según la normativa y las propias reglas técnicas del Sistema de Información.

e) En este contexto, a juicio del servicio, y en coherencia con el criterio sostenido por el Consejo en la decisión de amparo Rol 605-13, la divulgación de los antecedentes objeto de la solicitud, redundarían en un evidente perjuicio para el sistema de compras públicas en el ámbito de la acreditación de la calidad de conocimientos de quienes lo operan desde el punto de vista técnico y jurídico. Lo anterior, toda vez que en atención a la especificidad de las materias evaluadas, el órgano se encontraría obligado a asumir el costo de las confección de diversos modelos de evaluaciones, por cada uno de los procesos que se realicen, con la dificultad evidente de verse enfrentado a un marco cada vez más acotado de posibles preguntas a ser formuladas.

II. La denegación no podría constituir una indefensión frente a la puntuación que el servicio haya otorgado al funcionario examinado.

a) Como se consignara en la respuesta, se ha otorgado al recurrente la posibilidad de conocer en su totalidad los antecedentes que requirió en la solicitud, vale decir, el cuadernillo de preguntas y las correspondientes respuestas, bastando pare ello la previa coordinación con un funcionario del área competente, lo que evidencia que no existe el ánimo de ocultar la información, sino sólo de velar por la integridad del sistema. A este respecto, cabe preguntarse cuál es el objetivo que se persigue con la pretensión de acceder a la prueba ya rendida, considerando por una parte que cualquiera tiene a su disposición toda la normativa legal, reglamentaria y técnica que constituye el objeto de su estudio, y por la otra que la existencia de una asesoría directa para la revisión de la prueba ya rendida, que es lo que se ofreció a la requirente, asegura a los postulantes el acceso a la información necesaria para conocer sus errores y la evaluación que se practicó.

b) En este sentido, no es correcto lo señalado por la reclamante, en cuanto a que la omisión en el reglamento que regula la prueba, en lo que se refiere al acceso de información, permitiría a cualquier usuario acceder a ésta, por cuanto aun en el evento que en dicho reglamento se contengan disposiciones que prohíban el acceso a los documentos relativos a la prueba de acreditación, no podrían empecer las facultades que en esta materia detenta el Consejo para conocer de casos como éste, más si el artículo 21 N° 5 de la Ley N° 20.285 prescribe que sólo una ley de quórum calificado podría declarar como secretos o reservados a determinados documentos, datos o informaciones.

c) Finalmente, reitera los esfuerzos realizados por el organismo para crear un sistema que permita fortalecer la preparación de los usuarios y con miras a la mejora permanente del sistema.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, conforme establece el artículo 30, letra h), de la Ley N° 19.886 corresponde a la Dirección de Compras y Contratación Pública “Establecer las políticas y condiciones de uso de los sistemas de información y contratación electrónicas o digitales que se mantengan disponibles”. A su turno, el artículo 5° del Reglamento de dicha ley exige a los usuarios de las entidades licitantes contar con las competencias técnicas suficientes para operar en el mencionado sistema de información. Para este último efecto, según ha explicado en sus descargos, la Dirección de Compras y Contratación Pública, en el ejercicio de sus funciones, aplica una prueba de selección múltiple que permite evaluar si los postulantes interesados en constituirse en usuarios acreditados por el sistema de compras públicas, efectivamente dominan o no las materias que se consultan en relación con el perfil que desempeñan en la institución compradora. Esta evaluación, según explica el mismo servicio, requiere un trabajo de análisis y validación previa.

2) Que respecto de la información solicitada –antecedentes asociados a la prueba de acreditación 2013 aplicada por la Dirección de Contratación y Compras Públicas, a saber, las preguntas incluidas en la evaluación con sus respectivas alternativas de respuesta, y la pauta de respuestas correctas–, el organismo ha invocado la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, por estimar que su divulgación afectaría el debido cumplimiento de sus funciones. Para justificar la afectación alegada ha explicado, en resumen, que la base de preguntas con que cuenta para formular la prueba es limitada, toda vez que las materias objeto de evaluación tienen carácter acotado, resultando cada vez más difícil diseñar nuevas preguntas que permitieran una medición efectiva de los conocimientos de los participantes. En el mismo sentido, sostuvo, la entrega de lo pedido facilitaría a los futuros postulantes la obtención de buenos resultados en la rendición de las respectivas pruebas, sin que ello sea una garantía de sus reales niveles de conocimiento sobre las materias examinadas. Lo anterior redundaría, a juicio del órgano reclamado, en su perjuicio, en cuanto se vería expuesto al riesgo no proveer la garantía suficiente de que los usuarios que operan en el sistema poseen las competencias técnicas para intervenir en el mismo, de la forma más adecuada posible, y de paso al funcionamiento del sistema de compras públicas.

3) Que, en tal contexto, cabe determinar si la revelación de la información solicitada produciría efectivamente o no ese resultado dañoso, y en caso de producirse éste, si tal daño resultaría suficiente para justificar la reserva invocada. Al respecto, en el ámbito del denominado test de daño, este Consejo ha establecido como estándar para estimar que concurre la reserva o secreto alegada, en primer lugar, que la afectación debe revestir alguna magnitud y tener alguna especificidad, lo que habrá de ser determinado en concreto, de modo que no cabe presumir tal afectación, sino que deberá ser acreditada por los órganos administrativos, en cuanto a que tiene alguna probabilidad de ocurrir; y en segundo lugar, que debe existir proporcionalidad entre los daños que la publicidad provoca a alguno de los bienes jurídicos protegidos por las causales de secreto reserva y el perjuicio que el secreto causa al libre acceso a la información y al principio de publicidad (así, se ha resuelto p. ej. en decisiones recaídas en los amparos Roles A1-09, A39-09, A45-09, C669-10 y C734-10, entre otras).

4) Que, a juicio de este Consejo, los argumentos esgrimidos por la Dirección de Compras y Contratación Pública para justificar la causal de reserva invocada resultan plausibles, toda vez que se estima que la revelación de la información pedida generaría una afectación al debido cumplimiento de las funciones del señalado organismo, de una entidad y especificidad suficientes para entender fundada la reserva que ha sido invocada. En efecto, en primer lugar, por cuanto la divulgación de la información pedida genera un riesgo concreto de que la Dirección de Contratación y Compras Públicas disponga de un conjunto cada vez más reducido de posibles preguntas que podría emplear en las respectivas evaluaciones que aplique, en circunstancias que dicho ámbito ya es reducido en función de las específicas materias sobre las que debe recaer dicho examen, según el mismo ha explicado, y máxime si debe aplicar dos evaluaciones anuales. Siendo así, la eventual mitigación de dicho riesgo, con miras a velar por el buen funcionamiento del sistema, haría que el órgano reclamado se encuentre obligado a asumir el costo de la confección de diversos modelos de evaluaciones, por cada uno de los procesos que realice, con la consiguiente dificultad que ello le significaría en términos operativos y/o presupuestarios. En segundo lugar, porque la reclamada ha sostenido que el modelo que actualmente implementa supone aplicar evaluaciones similares, o eventualmente, las mismas aplicadas previamente. Por tal razón, parece evidente que divulgar los formatos de pruebas ya aplicados, con sus respectivas respuestas correctas, permitiría a los futuros postulantes, con antelación a la rendición del examen, contar con un insumo que les permitiría obtener un mejor resultado que podría no necesariamente reflejar sus niveles reales de conocimiento, impidiendo de dicho modo a la reclamada determinar el efectivo nivel de preparación de los usuarios del sistema respecto de las materias evaluadas, en circunstancias que ello resulta indispensable para el adecuado funcionamiento del sistema de compras públicas. En este sentido, cabe hacer presente lo razonado por esta Corporación en la decisión recaída en el amparo Rol C605-13, pronunciada respecto a similar solicitud de información que fuera formulada a la Superintendencia de Pensiones.

5) Que, en cuanto a la conducta asumida por la Dirección de Compras y Contratación Pública en cuanto a ofrecer a la reclamante la posibilidad de que acceda al cuadernillo de preguntas de las evaluaciones practicadas y sus correspondientes respuestas, con la debida asesoría del mismo servicio, deja de manifiesto que, en la especie, dicha Dirección ha intentado velar por el buen funcionamiento del sistema. En efecto, este Consejo reconoce que la actuación del órgano reclamado ha pretendido efectuar un razonable equilibrio entre permitir a la reclamante el acceso a determinada información, en la forma que ha propuesto, y resguardar, bajo la causal de reserva ya analizada, aquella información cuya divulgación estima podría afectar el debido cumplimiento de sus funciones y, en definitiva, perjudicar el buen funcionamiento del sistema de compras públicas que administra.

6) Que, por otra parte, en lo que respecta a las eventuales modificaciones o ajustes metodológicos que podría requerir el sistema de evaluaciones aplicado por la Dirección de Compras y Contratación Pública (como los que invoca la reclamante), cabe anotar que se trata de un asunto que debe evaluar el organismo en el marco de sus competencias, si así lo estima, sin que corresponda a este Consejo emitir un pronunciamiento sobre el particular, máxime si ello no conduce, por sí solo, a desvirtuar la reserva invocada por el propio organismo, atendido el funcionamiento actual del sistema de compras públicas.

7) Que, por todo lo anteriormente razonado, por estimarse que concurre en la especie la causal prevista en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, se rechazará el presente amparo.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por doña Lisette Rebolledo Acuña en contra de la Dirección de Compras y Contratación Pública.

II. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Lisette Rebolledo Acuña, y al Sr. Director de Compras y Contratación Pública.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley Nº 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Alejandro Ferreiro Yazigi y don José Luis Santa María Zañartu.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia, don Rubén Burgos Acuña.