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Rodolfo Novakovic Cerda con UNIVERSIDAD DE CHILE Rol: C1444-13

Consejo para la Transparencia, 06/12/2013

Se dedujo amparo en contra de la Universidad de Chile, fundado en que la información entregada no correspondería a la requerida sobre a) “La fecha en la cual oficialmente se derogó la Ley N° 11.861 quitando definitivamente las atribuciones exclusivas a vuestra Universidad para otorgar el título profesional de médico cirujano”; y, b) “Copia de los actos administrativos que obran en poder de vuestra Universidad en que el Gobierno y el Ministerio de Educación oficialmente les informa que, a partir de aquella fecha (que formulo en la letra a) precedente), la Universidad de Chile ya no tiene las atribuciones exclusivas para otorgar título profesional de Médico Cirujano a aquellos alumnos que hayan obtenido el Grado de Licenciatura en Ciencias Médicas en universidades como la de Concepción y la Universidad Católica de Chile”. El Consejo señaló que la reclamada al señalar tanto el sitio electrónico en el cual se encuentra contenido el acto administrativo en virtud del cual la Universidad de Chile no posee en la actualidad de manera privativa, la facultad para otorgar el título de Médico Cirujano, como la fecha y circunstancias -entrada en vigencia del DFL N°1, de 3 de enero de 1981- por las cuales a su juicio la Ley N°11.861 perdió su vigencia, ha dado oportuno cumplimiento a la obligación de informar que sobre su parte recaía en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley de Transparencia, motivo por el cual se rechazará el amparo materia del presente análisis.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza

Tipo caso:

  • Amparo


Descriptores analíticos:

Tema Educación
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Legislación aplicada:


Consejeros:

  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime), Presidente
  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Unánime)
  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C1444-13

Entidad pública: Universidad de Chile

Requirente Rodolfo Novakovic Cerda

Ingreso Consejo: 14.08.2013

En sesión ordinaria N° 486 de su Consejo Directivo, celebrada el 6 de diciembre de 2013, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1444-13.

VISTO:

Los artículos 5º, inc. 2º, 8º y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes Nº 20.285 y Nº 19.880; D.F.L. Nº 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575; y los D.S. Nº 13/2009 y Nº 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley Nº 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 3 de septiembre de 2013, don Rodolfo Novakovic Cerda, solicitó a la Universidad de Chile la siguiente información:

a) “La fecha en la cual oficialmente se derogó la Ley N° 11.861 quitando definitivamente las atribuciones exclusivas a vuestra Universidad para otorgar el título profesional de médico cirujano”; y,

b) “Copia de los actos administrativos que obran en poder de vuestra Universidad en que el Gobierno y el Ministerio de Educación oficialmente les informa que, a partir de aquella fecha (que formulo en la letra a) precedente), la Universidad de Chile ya no tiene las atribuciones exclusivas para otorgar título profesional de Médico Cirujano a aquellos alumnos que hayan obtenido el Grado de Licenciatura en Ciencias Médicas en universidades como la de Concepción y la Universidad Católica de Chile”.

2) RESPUESTA: La Universidad de Chile, mediante Oficio N°222/2013, de 3 de septiembre de 2013, informó al requirente lo siguiente:

a) Respecto del literal a) de la solicitud, indicó que “las formas establecidas para la derogación de las leyes están escritas en el párrafo 6° del Título Preliminar del Código Civil” específicamente en los artículos 52 y 53, “en este sentido, y a partir de lo informado en esta página de la Biblioteca del Congreso Nacional (http://bcn.cl/) cabe concluir que la Ley N° 11.861 no ha sido objeto de derogación expresa”.

b) Respecto del literal b) de la solicitud, señaló que “el Decreto con Fuerza de Ley N° 1, del 30 de diciembre de 1980 del Ministerio de Educación Pública (http://www.leychile.cl/navegar?idnorma=3394), contiene disposiciones que no pueden conciliarse con la ley anterior, en este caso con la Ley N° 11.861 conforme a lo cual, cabe concluir que con su dictación operó la derogación tácita de sus disposiciones incompatibles, en los términos establecidos en los artículos 52 y 53 del Código Civil”

3) AMPARO: El 4 de septiembre de 2013, el solicitante dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Universidad de Chile, fundado en que la información entregada no correspondería a la requerida. Al efecto señaló en síntesis, lo siguiente:

a) El DFL N° 1 del Ministerio de Educación, publicado el 30 de diciembre de 1980, “es una normativa derivada de otra norma más general, la Ley 11.861 de 1955 del Mineduc, de modo tal que la primera no puede contradecir una norma de mayor jerarquía, como lo es la Ley 11.861, debiéndose ajustar estrictamente a ésta de la cual desprende directamente su valor. Con este criterio se puede asegurar la primacía de la Ley de 1955 y, simultáneamente, la validez de la norma en la cual se afinca la derivada. Así las cosas, si la norma particular que se deriva del proceso interpretativo es el DFL Nº 1, ésta habrá de respetar la Ley 11.861. No puede la norma particular contradecir (disponer lo contrario, como lo reconoce la Universidad de Chile en su Oficio Nº 222/2013) lo que señala la normativa superior. La adopción de este criterio (basado en la jerarquización y derivación) importa la constitucionalización del sistema normativo chileno y la extensión de las demás normas generales a situaciones concretas del diario vivir”.

b) La Universidad de Chile “no sólo desconoce que el ordenamiento jurídico chileno es “jerarquizado” y “derivado” (como ya se explicó) sino que interpreta de modo erróneo las disposiciones contenidas en los Arts. 52 y 53 del CC. En efecto, el señor Oliver Mahn se olvida que la derogación expresa o tácita de una ley opera entre “leyes de un mismo rango o jerarquía”, esto es, un Decreto Supremo derogando expresa o tácitamente a otro Decreto Supremo, o bien, un DFL derogando tácitamente –de conformidad al Art. 53º del CC- a otro DFL”.

c) Reconociendo la Universidad de Chile la existencia de disposiciones inconciliables entre los cuerpos legales referidos “no cabe sino haber eliminado la normativa de menor jerarquía y mantener aquella que tiene carácter de ley, esto es, debiendo haber antepuesto lo expresado en la Ley N° 11.861(…) Dado que el DFL Nº1 rompe con las características de “jerarquía” y “derivación” que deben caracterizar al ordenamiento jurídico, no queda más que eliminar la norma de menor jerarquía (el DFL Nº1) y dejar las disposiciones de la de mayor jerarquía, con el consecuente daño que ello significa para los miles de profesionales que, habiendo obtenido legítimamente su Grado de Licenciatura en Medicina de otras universidades como no fueran de la Universidad de Chile, podrían verse afectados al ser impugnados los respectivos títulos de Médico Cirujano otorgados en otras universidades distintas de la Casa de Bello”.

d) De conformidad a lo anterior, solicitó que la Universidad de Chile le informe la fecha requerida en el literal a) de su solicitud, y le haga entrega de los actos administrativos consultados en el literal b) del requerimiento.

4) SUBSANACIÓN DEL AMPARO: Este Consejo, mediante Oficio N° 3.843, de 9 de septiembre de 2013, solicitó al Sr. Rodolfo Novakovic Cerda, subsanar su amparo, requiriéndole que: (1°) acompañara copia de la solicitud de información donde conste la recepción por parte del órgano reclamado y la fecha de ingreso de la misma; y, (2°) acompañara copia de la respuesta entregada por el órgano reclamado y, de los antecedentes que acrediten la fecha en que ésta se le notificó. Don Rodolfo Novakovic Cerda, mediante correo electrónico de 11 de septiembre del año en curso, indicó un link que contendría la solicitud de información formulada y acompañó copia de la respuesta del órgano en que se transcribe el requerimiento formulado por el reclamante.

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: En virtud de lo anterior, el Consejo Directivo de esta Corporación, admitió a tramitación este amparo, trasladándolo mediante el Oficio N° 3.969, de 25 de septiembre de 2013, al Sr. Rector de la Universidad de Chile, solicitándole que al formular sus descargos: (1°) indicara si el requerimiento contenido en el literal a), constituye una solicitud de información amparada por la Ley de Transparencia; y, (2°) informara si obran en su poder los actos administrativos requeridos en el literal b) del requerimiento formulado por don Rodolfo Novakovic Cerda.

El Jefe de la Unidad de Gestión de la Información, mediante el Oficio N°276/2013, de 29 de octubre del año en curso, evacuó sus descargos y observaciones, señalando en síntesis lo siguiente:

a) La pregunta sobre la fecha de derogación de la Ley N° 11.861 “no corresponde (…) a un punto que pueda ser considerado como información pública exclusiva de la Universidad de Chile amparada por la Ley N° 20.285. A este respecto, claramente existen otras fuentes más directas para consultar este dato, como por ejemplo, la propia página web de la Biblioteca del Congreso Nacional, referencia efectivamente entregada al requirente en la respuesta original. No obstante lo anterior, dicho órgano “en aplicación de los principios de facilitación y economía procedimental se inclinó por elaborar una respuesta completa y concreta en relación al punto, aclarando primero algunos conceptos legales implicados, y luego remitiendo al requirente las referencias necesarias para que consultara directamente y por sí mismo la fecha de derogación consultada. En definitiva, la respuesta ante este punto requerido fue oportuna y completa, incluso más allá de lo estrictamente obligatorio, por lo que no se advierte motivo de reclamo”.

b) La disconformidad del requirente ante la respuesta remitida e relación al literal b) de la solicitud de información, se debe a que “no advierte que el texto efectivamente remitido mediante link de la Biblioteca del Congreso Nacional, del Decreto con Fuerza de Ley N° 1 del 30 de diciembre de 1980 del Ministerio de Educación Pública, constituye en sí mismo el acto administrativo solicitado, que por lo demás reúne con toda claridad ambas características fundamentales mencionadas en este segundo punto de la solicitud, y que son, en cuanto a la forma, ser acto administrativo (todo D.F.L. lo es), y en cuanto al contenido, elimina atribuciones exclusivas de la Universidad de Chile para el otorgamiento de títulos de médico cirujano (…) En definitiva tampoco se advierte omisión alguna en la entrega de la información solicitada”.

Y CONSIDERANDO:

1) Que previo a efectuar el análisis de fondo del presente amparo, resulta pertinente tener presente el contenido de la Ley N° 11.861, de 22 de agosto de 1955, que estableció disposiciones para ejercer y optar al título de Médico Cirujano, como igualmente lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 3 de enero de 1981, que “fija norma sobre universidades”. De los cuerpos legales precedentemente enunciados debe tenerse a la vista lo siguiente:

Ley N° 11.861 : El artículo 1° establece como requisito para ejercer la profesión de Médico-Cirujano en el territorio de la República, encontrarse en posesión del título otorgado por la Universidad de Chile. A su turno, el artículo 2° expresa que los alumnos de las Escuelas de Medicina de la Universidad de Chile, de la Universidad de Concepción y de la Universidad Católica de Chile, para optar al título de Médico-Cirujano, deberán cumplir los siguientes requisitos: a) Haber cursado satisfactoriamente los estudios completos de Medicina, y b) Estar en posesión del grado de Licenciado en Medicina otorgado por alguna de dichas Universidades. A fin de obtener el título médico, las competencias de los alumnos de medicina serán evaluadas, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 3° de la norma referida, el cual dispone que “La Universidad de Chile determinará las pruebas para obtener el título de Médico-Cirujano, las cuales serán las mismas para los Licenciados de las tres Universidades. La Comisión designada por la Universidad de Chile para tomar el examen de Médico-Cirujano a Licenciados en Medicina de la Universidad de Concepción y de la Universidad Católica de Chile estará integrada por un profesor designado por el Rector de la Universidad respectiva”.

DFL N° 1 : En su artículo 3° dispone que, la Universidad es una institución autónoma que goza de libertad académica y se relaciona con el Estado a través del Ministerio de Educación. Por su parte el artículo 11 señala, que corresponderá en forma exclusiva a las universidades otorgar los títulos profesionales respecto de los cuales la ley requiere haber obtenido previamente el grado de Licenciado en una disciplina determinada, entre estos, el de médico cirujano (literal i) del artículo 12). En concordancia con lo anterior, el artículo 15 de dicho decreto prescribe que “Podrán crearse universidades, las que deberán constituirse como personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro. Estas universidades se regirán por las disposiciones de la presente ley y de sus respectivos estatutos; supletoriamente, les serán aplicables las disposiciones del Título XXXIII del Libro I del Código Civil, en lo que no sean incompatibles con aquéllas”.

2) Que la Universidad de Chile informó al requirente que la Ley N° 11.861 no ha sido derogada en forma expresa. Además, le hizo presente que a partir de la entrada en vigencia del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, precedentemente citado y en conformidad a lo dispuesto en los artículos 52 y 53 del Código Civil, la Ley N° 11.861 perdió vigencia en todo aquello que resulte inconciliable con el referido decreto y sobre el particular precisó, que dicho decreto “elimina [las] atribuciones exclusivas de la Universidad de Chile para el otorgamiento de títulos de médico cirujano…”.

3) Que en consecuencia, resulta atingente tener presente lo dispuesto en el artículo 52 del Código Civil, el cual dispone que “La derogación de las leyes podrá ser expresa o tácita. Es expresa, cuando la nueva ley dice expresamente que deroga la antigua. Es tácita, cuando la nueva ley contiene disposiciones que no pueden conciliarse con las de la ley anterior. La derogación de una ley puede ser total o parcial”. Por su parte, el artículo 53 preceptúa que “La derogación tácita deja vigente en las leyes anteriores, aunque versen sobre la misma materia, todo aquello que no pugna con las disposiciones de la nueva ley”.

4) Que sobre el particular, y si bien el DFL N° 1 precitado no deroga en forma expresa a la Ley N°11.861, igualmente dicha circunstancia puede desprenderse de manera tácita respecto de todos aquellos asuntos en que se advierta una falta de conciliación entre el texto antiguo y el referido decreto, lo cual se verifica del análisis de la ley N°11.861. En efecto, por mandato del referido cuerpo legal la Universidad de Chile se encontraba facultada para determinar la comisión de académicos evaluadores y las pruebas que rendirían los postulantes al título de Médico Cirujano pertenecientes tanto a dicha casa de estudios, como a la Universidad Católica y de Concepción. En contrapartida el DFL N°1, otorgó dicha facultad en forma privativa a cada una de las universidades autónomas que impartan la carrera de Medicina en nuestro país.

5) Que en opinión de este Consejo, la reclamada al señalar tanto el sitio electrónico en el cual se encuentra contenido el acto administrativo en virtud del cual la Universidad de Chile no posee en la actualidad de manera privativa, la facultad para otorgar el título de Médico Cirujano, como la fecha y circunstancias -entrada en vigencia del DFL N°1, de 3 de enero de 1981- por las cuales a su juicio la Ley N°11.861 perdió su vigencia, ha dado oportuno cumplimiento a la obligación de informar que sobre su parte recaía en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley de Transparencia, motivo por el cual se rechazará el amparo materia del presente análisis.

6) Que, respecto de la alegación del reclamante en su amparo, en cuanto impugna la derogación tácita invocada por la Universidad de Chile respecto de la Ley N° 11.861 con ocasión de la entrada en vigencia del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, por no concurrir los presupuestos que permitirían la referida derogación en atención a la existencia de diversas jerarquías entre los cuerpos legales en análisis, este Consejo hace presente que dichas alegaciones no se encuentran amparadas por la Ley de Transparencia, puesto que mediante ellas no se requiere la entrega de información específica, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 10° de la Ley de Transparencia, que obre en poder del órgano, sino por el contrario, sólo se discrepa de la interpretación jurídica adoptada por la reclamada respecto a la derogación de la Ley N° 11.861.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 8°, 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo interpuesto por don Rodolfo Novakovic Cerda en contra de la Universidad de Chile, por las razones precedentemente expuestas.

II. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión al Sr. Rector de la Universidad de Chile y a don Rodolfo Novakovic Cerda.

En contra de la presente decisión, procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado, no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley Nº 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y por los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Alejandro Ferreiro Yazigi y don José Luis Santa María Zañartu.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia, don Rubén Burgos Acuña.