logo
 

Francisco Verdejo Olivares con CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO (CDE) Rol: C1972-13

Consejo para la Transparencia, 05/02/2014

Se dedujo amparo en contra del Consejo de Defensa del Estado, fundado en que la causal de reserva invocada por la institución no se encuentra completamente justificada sobre fechas en que han hecho uso de feriados y días administrativos los abogados y procurador fiscal de San Miguel, desde 2009 a la fecha. Indicando el nombre del abogado. El Consejo señaló que el organismo reclamado no ha acreditado de manera precisa cómo la entrega de la información afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano y, en concreto, cómo la entrega implicaría distraer indebidamente a los funcionarios del servicio del cumplimiento regular de sus labores habituales, ni tampoco explicitó el modo en que tal información obraría en su poder y en cuya virtud su recopilación, validación y entrega le demandaría la utilización de un tiempo excesivo a los funcionarios en relación a su jornada de trabajo o un alejamiento de sus funciones habituales.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Totalmente

Tipo caso:

  • Amparo


Descriptores analíticos:

Tema Trabajo
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Legislación aplicada:


Consejeros:

  • Jorge Jaraquemada Roblero (Ausente), Presidente
  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Unánime)
  • José Luis Santa María Zañartu (Inhabilitación)
  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C1972-13

Entidad pública: Consejo de Defensa el Estado

Requirentes: Francisco Verdejo Olivares

Ingreso Consejo: 12-11-2013

En sesión ordinaria Nº 501 del Consejo Directivo, celebrada el 5 de febrero de 2014, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1972-13.

VISTO:

Los artículos 5º, inc. 2º, 8º y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes Nº 20.285 y Nº 19.880; lo previsto en el D.F.L. Nº 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575; y los D.S. Nº 13/2009 y Nº 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley Nº 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 11 de octubre de 2013, don Francisco Verdejo Olivares presentó al Consejo de Defensa del Estado, en adelante e indistintamente CDE, una solicitud de acceso en el siguiente tenor: “Solicito fechas en que han hecho uso de feriados y días administrativos los abogados y procurador fiscal de San Miguel, desde 2009 a la fecha. Indicando el nombre del abogado”.

2) RESPUESTA DEL CDE: El 24 de octubre de 2013, el CDE dio respuesta a la solicitud de acceso, mediante ordinario N° 7512, indicando que no era posible hacer entrega de la información, ya que se trata de información reservada en virtud de las causales contempladas en el artículo 21 N° 1, letra c) de la Ley de Transparencia, y artículo 7 N° 1, letra c) de su Reglamento las cuales señalan que “Tratándose de requerimientos de carácter genérico, referido a un número elevado de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales”. Además, citó la norma mencionada del Reglamento de la Ley de Transparencia, la que indica qué se entiende por requerimientos de carácter genérico. Señaló que de la lectura de las normas indicadas, se desprende que la obtención de la información solicitada implicaría distraer de manera importante los recursos del CDE en el cumplimiento regular de sus labores habituales, por cuanto, al no ser un órgano estadístico, y atendido el número de asuntos vinculados y tiempo solicitado, significaría el trabajo de distintas unidades y personal para satisfacer lo pedido, poniendo en peligro el cumplimiento de la función que le es encomendada por ley al CDE.

3) AMPARO: El 12 de noviembre de 2013, don Francisco Verdejo Olivares dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del Consejo de Defensa del Estado, fundado en que la causal de reserva invocada por la institución no se encuentra completamente justificada, dado que su solicitud no es de carácter genérica, en atención a que especifica en concreto la información que pide y la procuraduría fiscal a la que se refiere. Señaló que, tampoco su solicitud está referida a un número elevado de actos administrativos, pues sólo se encuentran acotados a un periodo de tiempo y un número limitado de abogados. Asimismo, indicó que en caso que efectivamente distrajera indebidamente a los funcionarios del cumplimiento de sus labores habituales, ello debería quedar debidamente fundamentado, más aún si se considera que lo solicitado debe quedar dentro de un sistema computacional, cuyo registro se informa a la Contraloría General de la República, a la cual ni siquiera se tuvo la deferencia de derivar por aplicación del artículo 13 de la Ley de Transparencia. Por último, hizo presente que no pudo acompañar copia de la solicitud de acceso por cuanto no la imprimió cuando realizó su solicitud a través de internet. No obstante lo anterior, acompañó copia de la respuesta que le fue otorgada, en la cual se aparece transcrita la solicitud de acceso.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo trasladó este amparo al Sr. Presidente del Consejo de Defensa del Estado, mediante oficio N° 4835, de 20 de noviembre de 2013. Por dicho oficio se solicitó especialmente que junto con formular sus descargos: (1°) se refiriese específicamente a las causales de secreto o reserva que a su juicio harían procedente la denegación de la información solicitada; (2°) indicara el volumen aproximado de la información solicitada; (3°) explicara cómo lo solicitado afecta el debido cumplimiento de las funciones del CDE, y (4°) remitiera copia de la solicitud de información que motivó el amparo.

A través de Ordinario N° 08550, de 3 de diciembre de 2013, el Sr. Presidente del CDE, presentó sus descargos, señalando, en síntesis que:

a) De la sola lectura de las normas contenidas en el artículo 21 N° 1, letra c) de la Ley de Transparencia y artículo 7 N° 1, letra c) de su Reglamento –las que transcribe en su presentación- se desprende que la obtención de la información solicitada implicaría distraer de manera importante los recursos del CDE en el cumplimiento regular de sus labores habituales, por cuanto, al no ser un órgano estadístico, y atendido el número de asuntos vinculados y tiempo solicitado, implicaría el trabajo de distintas unidades y personal del servicio a efectos de satisfacer lo pedido, poniendo en peligro el cumplimiento de la función que le es encomendada por ley al CDE.

b) A efectos de un adecuado entendimiento de la causal de reserva invocada, es imprescindible indagar el espíritu que tuvo el legislador al dictar la ley sobre acceso a la información pública, desentrañando su real sentido y aplicación. Sobre el particular, el derecho de acceso a la información pública es un elemento fundamental para alcanzar un alto grado de transparencia en el ejercicio de las funciones públicas, a la vez que facilita la mayor y más efectiva participación ciudadana en los asuntos públicos, de modo que se trata de un control en manos de los ciudadanos, que junto a otros controles, contribuyen a fortalecer la transparencia en las funciones públicas y a reducir los posibles ámbitos de corrupción. De esta forma, resulta claro que el sentido final de la Ley de Transparencia es permitir el mayor control de la ciudadanía. Sin embargo, el legislador, tomado en cuenta la legislación comparada, cauteló la primacía de la función administrativa que los organismos están llamados a atender, de modo que el ejercicio del derecho de acceso no se transformara en un entorpecimiento del funcionamiento normal. Especificó que la obligación de los órganos es proporcionar la documentación que poseen y no producir información a petición de particulares, precisando que el derecho de acceso debe ejercerse con prudencia y de un modo razonable.

c) De lo expresado, cabe concluir que el sentido de la Ley de Transparencia es que la ciudadanía pueda tener acceso a la información que los órganos públicos posean, con la finalidad de fortalecer la transparencia de la función pública y ejercer un control ciudadano del uso de los recursos públicos, evitando o reduciendo la corrupción. No es su espíritu pretender que los órganos se transformen en proveedores de información de los particulares, olvidando la misión para la cual fueron creados.

d) En lo que dice relación con la solicitud de acceso del Sr. Verdejo, el CDE, para satisfacer dicho requerimiento debería revisar alrededor de 1.650 permisos administrativos, así como más de 1.100 feriados legales, clasificando la información existente por funcionarios, años y procuraduría, lo que significaría en la práctica, el trabajo del Subdepartamento de Recursos Humanos, Departamento de Informática, que procesa la información, y otras unidades que ratifiquen la exactitud y conformidad de la información a entregar.

e) Sólo a partir de este año, el CDE ha iniciado un proceso de automatización completa de la información que maneja el Subdepartamento de Recursos Humanos, por lo que dentro de esa labor, el sistema informático de permisos y feriados, aún se encuentra en proceso de elaboración y puesta en marcha, lo que explica el grado de complejidad y trabajo humano y técnico que implicaría dar respuesta a la información solicitada.

f) Resulta obvio que satisfacer el requerimiento en análisis significaría distraer de manera importante no sólo a un funcionario del ejercicio de sus funciones normales, sino que a funcionarios de distintas unidades de este organismo, circunstancia que valida legalmente la denegación de entrega de la información, al no ser el CDE un órgano estadístico que tiene en su poder los elementos materiales y humanos para satisfacer solicitudes de información según las características indicadas por cada solicitante.

g) En ese sentido, el CDE cumple con sus obligaciones de información estadística en la forma que le son requeridas, publicando en forma semestral y anual la gestión desarrollada y los resultados obtenidos, en su página web www.cde.cl, específicamente el link “Indicadores y Estadísticas”, las cuales pueden ser consultadas por cualquier persona, por lo que obligar a entregar información adicional a la ya elaborada por su representada y puesta a disposición del público, desvirtuaría las funciones para las cuales ha sido creado el CDE, esto es, la defensa judicial de los intereses del Estado.

h) En conclusión, proporcionar la información solicitada involucra un gasto excesivo de recursos fiscales, financieros y, por sobre todo, humanos, atendido que, según consta en el sistema de control interno y archivo del CDE y lo expuesto previamente, su atención supone revisar más de 2.700 documentos, desde el año 2009 a la fecha, con el fin de descartar aquellas que posean las características de la información solicitada, lo que conlleva un tratamiento y sistematización complejo de los registros o bases de datos del CDE, dando lugar a un procesamiento y clasificación de importantes volúmenes de información.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, lo solicitado en la especie es la información de fechas en que los abogados y el Procurador Fiscal de la Procuraduría Fiscal de San Miguel han hecho uso de feriados y permisos administrativos, todo lo anterior con indicación del nombre de los abogados y desde el periodo que corre entre el año 2009 a la fecha de la solicitud de acceso. Al respecto, cabe precisar lo siguiente:

a) El feriado, de acuerdo al párrafo 3°, del Título IV del Estatuto Administrativo, que regula los derechos funcionarios, es el derecho a descanso de los funcionarios, con goce de remuneraciones, el que debe ejercerse en las condiciones que indica tal normativa.

b) Por su parte, los permisos administrativos están regulados en el párrafo 4° del Título IV del Estatuto Administrativo. De acuerdo a tal normativa estos permisos pueden ser con o sin goce de remuneraciones, según las condiciones que regulan expresamente los artículos 109 y 110 del cuerpo legal indicado.

c) De conformidad a la normativa señalada, tanto los feriados como los permisos administrativos, deben ser concedidos por el Jefe Superior del Servicio a través de un acto administrativo formal, de modo que la solicitud de acceso en análisis puede satisfacerse tanto a través del acceso a copias de dichos actos o a través de un documento que resuma tal información con especificación del funcionario y las fechas que abarcan sus ausencias a título de permisos administrativos y feriados legales.

2) Que, al respecto, cabe tener presente que este Consejo ha asentado como principio fundamental que la esfera de privacidad del personal que trabaja para la Administración del Estado y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa, es más reducida que la del resto de las personas, en virtud, precisamente, de las funciones que éstos ejercen. En tal sentido se ha decidido en las decisiones de amparo A47-09, A58-09, A95-09, A327-09, entre otras. A mayor abundamiento, cabe recordar que la función pública, según lo establecido en los artículos 8° de la Constitución Política y 3° de la Ley de Transparencia, debe ejercerse con probidad y transparencia, favoreciendo el interés general por sobre los intereses particulares, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación, elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía, por el solo hecho de ser funcionarios públicos al servicio de la misma.

3) Que la información solicitada debe obrar en poder de la reclamada, en tanto se trata de información acerca de los días en que determinados funcionarios no han concurrido a desempeñar sus funciones habituales. En consecuencia, dicha información ha de estimarse pública, pues se trata de materias asociadas estrechamente al desempeño funcionario de los abogados y Procurador Fiscal de la Procuraduría Fiscal de San Miguel.

4) Que, no obstante lo anterior, el CDE ha invocado la causal de reserva establecida en el artículo 21 N° 1, letra c) de la Ley de Transparencia, a fin de fundar su negativa a entregar la información requerida. En términos generales, fundó tal causal en que, a la luz de lo dispuesto en el artículo 7, N° 1, letra c) del Reglamento de la Ley de Transparencia, la obtención de la información solicitada implicaría distraer de manera importante los recursos del CDE del cumplimiento regular de sus labores habituales, por cuanto, al no tratarse de un órgano estadístico, atendido el número de asuntos vinculados y el periodo consultado, satisfacer la solicitud de acceso implicaría el trabajo de distintas unidades y personal. Lo anterior, en tanto supondría revisar alrededor de 1.650 permisos y 1.100 feriados legales, a fin de clasificar la información existente por funcionario, años y procuraduría, lo que implicaría la intervención del Subdepartamento de Recursos Humanos, Departamento de Informática y otras unidades que ratifiquen la exactitud y conformidad de la información a entregar. Agregó que cumple con sus funciones estadísticas de acuerdo a lo publicado en su página web institucional, en el link que indica. Concluyó que proporcionar información solicitada involucra un gasto excesivo de recursos fiscales, financieros y por sobre todo humanos, atendido el volumen de actos a revisar con el fin de descartar aquellos que posean la información requerida, lo que conlleva a un tratamiento y sistematización complejo de los registros o bases de datos del CDE.

5) Que sobre la alegación efectuada, cabe indicar que el artículo 21, N° 1, letra c), permite denegar la información “cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido (…) particularmente tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraeré indebidamente a los funcionarios del cumplimento regular de sus labores habituales”. Por su parte, el artículo 7°, N° 1, letra c) del Reglamento de la Ley de Transparencia establece en su inciso 3° que “Se considera que un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando su satisfacción requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales”.

6) Que de conformidad al texto expreso del artículo 21 de la Ley de Transparencia, para verificar la procedencia de la causal invocada es menester determinar la afectación del interés jurídico protegido por ella. Según ha venido sosteniendo reiteradamente este Consejo a partir de la decisión del amparo Rol A96-09, la afectación debe ser presente o cierta, probable y específica para justificar la reserva.

7) Que, en el caso que se analiza, el organismo reclamado no ha acreditado de manera precisa cómo la entrega de la información afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano y, en concreto, cómo la entrega implicaría distraer indebidamente a los funcionarios del servicio del cumplimiento regular de sus labores habituales, ni tampoco explicitó el modo en que tal información obraría en su poder y en cuya virtud su recopilación, validación y entrega le demandaría la utilización de un tiempo excesivo a los funcionarios en relación a su jornada de trabajo o un alejamiento de sus funciones habituales. En efecto, el CDE se limitó a señalar que la obtención de la información solicitada, distraería de manera importante sus recursos, y, si bien indicó el volumen de documentos a revisar, no especificó, de qué manera debían intervenir el Subdepartamento de Recursos Humanos y el Departamento de Informática en la recopilación y revisión de dicha información, ni qué rol debían desempeñar otras unidades en la ratificación de la exactitud y conformidad de la misma, ni tampoco la forma en que se configuraría la distracción indebida de las funciones habituales de sus funcionarios. Máxime si, al menos, respecto del Subdepartamento de Recursos Humanos, la Resolución Exenta N°897, de 8 de octubre de 2010, del CDE, a través de la cual se formaliza la misión y funciones del referido departamento, señala que éste tiene dentro de sus funciones, precisamente, el "gestionar y administrar, según la normativa legal y políticas internas vigentes, los movimientos de personal, manteniendo actualizados los registros, la documentación y la información del personal del Servicio" o como también lo informa el servicio en su página de transparencia activa - http://www.cde.cl/transparencia/facultades.html- éste "debe gestionar, administrar y actualizar permanentemente la documentación e información del personal del Servicio".

8) Que, asimismo, el CDE no indicó la cantidad de funcionarios, el tiempo que requerirían para realizar las actividades necesarias para la recopilación de los documentos que permitan tener por satisfecha la solicitud de acceso, ni las posibles dificultades de acceso a la información que permite dar respuesta al requerimiento de la especie. Por último, a fin de justificar la causal de reserva invocada, el CDE hizo presente que no está obligado a entregar información estadística adicional a la que ya publica en su página web, sin embargo, dado que la solicitud puede satisfacerse con la entrega de los actos formales que autorizaron los permisos y feriados consultados –de acuerdo a lo señalado en el considerando 1), letra c) de este acuerdo- no se advierte de qué manera la solicitud en análisis se trata de información estadística que tendría que ser elaborada por el organismo reclamado a fin de permitir el ejercicio del derecho de acceso del Sr. Verdejo. Por lo anterior, procede desestimar esta causal de reserva invocada por el Consejo de Defensa del Estado.

9) Que, en el ámbito jurisprudencial, la Corte Suprema, en su sentencia en Recurso de Queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, manifestó que “la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones…, mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente…, sin que basten para estos efectos mera invocaciones generales” (énfasis agregado). Lo anterior, constituye el estándar necesario para tener por configurada la causal esgrimida, lo que, en virtud de lo antes señalado, no acontece en el caso concreto.

10) Que, por todo lo anterior se acogerá el presente amparo y se requerirá al CDE la entrega de la información requerida. Sin perjuicio de lo anterior, en atención al volumen de documentación involucrada, según indicó el organismo reclamado, y al periodo de tiempo que abarca la solicitud de acceso, este Consejo concederá un plazo especial de 15 días hábiles para el cumplimiento del presente acuerdo.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo interpuesto por don Francisco Verdejo Olivares, en contra del Consejo de Defensa del Estado, por las razones precedentemente expuestas.

II. Requerir al Sr. Presidente del Consejo de Defensa del Estado lo siguiente:

a) Informe al solicitante las fechas en que han hecho uso de feriados y días administrativos los abogados y procurador de la procuraduría fiscal de San Miguel, desde 2009 a la fecha, con indicación del nombre de cada abogado. Lo anterior, ya sea mediante la entrega de copias de los actos por los cuales se autorizaron los permisos y feriados consultados o a través de un documento que resuma tal información con especificación del funcionario y las fechas que abarcan sus ausencias a título de permisos administrativos y feriados legales.

b) Cumpla con tal requerimiento dentro del plazo de 5 días hábiles, contados desde que quede ejecutoriada la presente decisión, bajo el apercibimiento de proceder conforme disponen los artículos 45 y siguientes de la Ley de Transparencia.

c) Informe el cumplimiento de dicho requerimiento enviando copia de los documentos en que conste la entrega de información al domicilio ubicado en Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago, o al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, para efectos de verificar el cumplimiento de la presente decisión.

III. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión al Sr. Presidente del Consejo de Defensa del Estado y a don Francisco Verdejo Olivares.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley Nº 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza y don Alejandro Ferreiro Yazigi. Se deja constancia que el Consejero don José Luis Santa María Zañartu, no concurre al presente acuerdo por reconocer parentesco de afinidad dentro del segundo grado, con la autoridad o funcionario directivo del servicio de la Administración del Estado interesado, en los términos que ha sido dispuesto por numeral 3, letra a), del acuerdo de este Consejo sobre tratamiento de los conflictos de intereses, adoptado en su sesión N° 101, de 9 de noviembre de 2009. Se deja constancia, además, que el consejero Jorge Jaraquemada Roblero, no concurre a este acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia, doña Andrea Ruiz Rosas.