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Carlos García Ainol con CARABINEROS DE CHILE Rol: C195-11

Consejo para la Transparencia, 05/07/2011

Se dedujo amparo en contra de Carabineros de Chile, fundado en que no recibió respuesta a su solicitud de información concerniente a doña Macarena Valentina de la Iglesia Bergman respecto a todos aquellas infracciones, accidentes y detenciones que hayan ocurrido a la fecha de dicha presentación, a lo largo del país. El Consejo señaló que Carabineros de Chile posee la información relativa a las infracciones de tránsito en que, eventualmente, así como a los accidentes de tránsito en que ésta haya participado, toda vez que tales datos deben constar en los partes de denuncias efectuadas y que hayan sido cursadas, ya sea ante el Juzgado de Policía Local o al Ministerio Público respectivo, según corresponda, conforme a lo dispuesto por el art. 185 de la Ley de Tránsito, además de los partes de Carabineros de Chile son públicos, excepto aquella información relativa a los datos personales de contexto de la persona natural a quien le fue cursada.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Parcialmente

Tipo caso:

  • Amparo


Descriptores analíticos:

Tema Justicia
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 



Consejeros:

  • Raúl Urrutia Ávila (Unánime), Presidente
  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • Juan Pablo Olmedo Bustos (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO C195-11

Entidad Publica: Carabineros de Chile

Requirente: Carlos García Ainol

Ingreso Consejo: 17.02.2011

En sesión ordinaria N° 261 de su Consejo Directivo, celebrada el 5 de julio de 2011, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante, el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C195-11.

VISTOS:

Los artículos 5°, inc. 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la Ley N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en la Ley Nº 18.691, Orgánica Constitucional de Carabineros; el Decreto N° 307, del Ministerio de Justicia, de 1978, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 15.231, sobre organización y atribuciones de los Juzgados de Policía Local; la Ley N° 18.287, que establece procedimiento ante los Juzgados de Policía Local; en el D.F.L. N° 1, del Ministerio de Justicia, de 2007, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.290, del Tránsito; el Decreto N° 3.612, del Ministerio del Interior, de 1961, que aprueba el Reglamento de Documentación, N° 22, de Carabineros de Chile; en la Ordenanza General N° 1.255, de Carabineros de Chile, de 1998, que aprueba la Directiva Complementaria del Reglamento de Documentación, N° 22, de Carabineros de Chile; en la Ley N° 19.628, sobre protección de datos personales; en el D.F.L. N° 1 – 19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y, los D.S. N° 13/2009 y 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante indistintamente el Reglamento y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: Don Carlos García Ainol, el 11 de enero de 2011, por medio de requerimiento ingresado en la Segunda Comisaría de Castro, solicitó a Carabineros de Chile que le proporcionara la siguiente información concerniente a doña Macarena Valentina de la Iglesia Bergman, a saber:

a) Infracciones de tránsito;

b) Accidentes que haya participado (independiente de su grado de responsabilidad); y

c) Detenciones (cual fuese la causa).

Señala que dicha información debe referirse a todos aquellas infracciones, accidentes y detenciones que hayan ocurrido a la fecha de dicha presentación, a lo largo del país.

2) AUSENCIA DE RESPUESTA Y AMPARO: Don Carlos García Ainol, el 17 de febrero de 2011, dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de Carabineros de Chile, fundado en que no recibió respuesta a su solicitud.

3) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo, trasladándolo al Sr. General Director de Carabineros de Chile, mediante el Oficio N° 381, de 24 de febrero de 2011, quien evacuó sus descargos a través del Oficio Ordinario Nº 83, de 21 de marzo de 2011, del Departamento de Información Pública y Desarrollo de Normas, señalando, en lo que interesa al presente amparo, que dio respuesta al requerimiento del Sr. García Ainol, el 21 de enero de 2011, a través de la Resolución Exenta Nº 44, negando el acceso a la información solicitada, aclarando que en razón de problemas informáticos detectadas en relación a ciertos correos enviados, y reconocida dicha problemática se decidió remitir al requirente, por segunda vez, el citado Ordinario Nº 83. Respecto a las razones para negar el acceso a la información solicitada, Carabineros sostiene lo siguiente:

a) La información requerida constituyen datos personales, en los términos establecidos en la Ley N° 19.628, y, conforme a lo dispuesto en su artículo 7°, quienes "trabajan en el tratamiento de datos personales, tanto en organismo públicos como privados, están obligadas a guardar secreto sobre los mismos, cuando provengan o hayan sido recolectados de fuentes no accesibles al público, como sobre los demás datos y antecedentes relacionados con el banco de datos, obligación que no cesa por haber terminado sus actividades en ese campo", razón por la cual, la información requerida, no puede ser entregada.

b) El artículo 21 de la Ley de Transparencia, en su numeral 5°, establece que las "únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, cuando se trate de documentos, datos o informaciones que una ley de quórum calificado haya declarado reservados o secretos, de acuerdo a las causales señaladas en el artículo 8° de la Constitución Política”, estableciendo, esta última, en su inciso segundo, que son "públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional".

c) La cuarta disposición transitoria de la Constitución Política de la República señala que se entenderá que las leyes actualmente en vigor sobre materias que conforme a esta Constitución deben ser objeto de leyes orgánicas constitucionales o aprobadas con quórum calificado, cumplen estos requisitos y seguirán aplicándose en la que no sean contrarias a la Constitución, mientras no se dicten los correspondientes cuerpos legales. A su turno, el artículo 1° de las Disposiciones Transitorias de la Ley de Transparencia indica que "de conformidad a la disposición cuarta transitoria de la Constitución Política, se entenderá que cumplen con la exigencia de quórum calificado, los preceptos legales actualmente vigentes y dictados con anterioridad a la promulgación de la ley N° 20.050, que establecen secreto o reserva respecto de determinados actos o documentos, por las causales que señala el artículo 8° de la Constitución Política”.

4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL TERCERO INVOLUCRADO: El Consejo Directivo de este Consejo, acordó conferir traslado a doña Macarena de la Iglesia Bergman, en su calidad de tercera involucrada en el presente amparo, lo que se realizó mediante el Oficio N° 381, de 24 de febrero de 2011, quien, hasta la fecha, no consta que haya formulado sus descargos u observaciones al amparo.

5) GESTIÓN UTIL: El 30 de junio recién pasado, el Consejo para la Transparencia solicitó a Carabineros de Chile que le informara si, una vez que dicho órgano policial remite los partes por infracciones o denuncias a los tribunales competentes, éstos últimos le informan o no las resultas del juicio a que dan origen dichos documentos. Al respecto, el Teniente Coronel don Ramiro Larraín, Jefe del Departamento de Información Pública y Desarrollo de Normas de Carabineros de Chile, el mismo día y por la misma vía, informó que “En esta materia, la función de Carabineros de Chile se agota con la remisión del parte policial al Tribunal o Fiscalía respectivo, estamentos que no informan a la Institución, respecto del estado de tramitación de las causas que estos originan, como tampoco de su resultado”.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, en primer término, debe precisarse que el órgano requerido señaló en sus descargos que detectó problemas informáticos en relación a ciertos correos electrónicos enviados, entre los cuales se encontraría el del requirente. Sin embargo, al revisar la copia del requerimiento de información presentada por el Sr. García Ainol no consta que éste haya indicado una dirección de correo electrónico a efectos de ser notificado de todas las actuaciones y resoluciones dictadas respecto a su solicitud, razón por la cual, en definitiva, dicha respuesta debió haber sido notificada conforme a las reglas generales de los artículos 46 y 47 de la Ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, según lo dispone el inciso final del artículo 12 de la Ley de Transparencia, lo que no se verificó en la especie.

2) Que, sin perjuicio de que Carabineros afirma haber remitido al requirente la respuesta a su solicitud de información, dicha circunstancia no ha podido ser verificada una vez analizados los antecedentes tenidos a la vista por este Consejo, razón por la cual, en definitiva, se tendrá por no cumplida la obligación de dar respuesta al solicitante, dentro de plazo y según los requisitos dispuestos en los artículos 14 y 16 de la Ley de Transparencia, lo que igualmente le será representado a Carabineros de Chile.

3) Que, a fin de determinar la materia sobre la cual versa el presente amparo, debe señalarse que, pese a que las infracciones de tránsito son calificadas jurídicamente, en cuanto tales, por los tribunales competentes, el inciso primero del artículo 3° de la Ley N° 18.287, que establece procedimiento ante los Juzgados de Policía Local, y los artículos 4°, inciso primero, y 185 de la Ley N° 18.290, Ley de Tránsito, otorgan a Carabineros la función de denunciar las infracciones o contravenciones que se cometan a la Ley de Tránsito, sus reglamentos y las de transporte y tránsito terrestre que dicte el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones o las Municipalidades, por lo que, en definitiva, debe entenderse que la solicitud del requirente comprende dichas denuncias, formuladas por Carabineros en razón de eventuales infracciones a tales normas. Asimismo, atendido el contexto y tenor de la misma solicitud, debe entenderse que ésta, al referirse a los accidentes en que haya participado la Sra. De la Iglesia Bergman, hace mención a los accidentes de tránsito. Por otro lado, la solicitud de información relativa a las detenciones practicadas a la persona indicada deben entenderse referidas, en definitiva, a aquella información relativa a todas las detenciones de que dicha persona, eventualmente, haya sido objeto, no debiendo restringirse tal requerimiento a aquellas originadas por infracciones a las normas del tránsito, ya que en la solicitud se indica, expresamente, que se requiere esta información “cual fuese la causa” de las mismas.

4) Que, precisado lo anterior, resulta de importancia para la resolución del presente amparo tener presente que Carabineros de Chile, en su Reglamento de Documentación N° 22, efectúa una clasificación y regulación de sus documentos oficiales, entre los cuales se contemplan “los partes”, estableciendo en su artículo 17 que «[l]os denuncios que se cursen a los Tribunales… tendrán el mismo formato de los oficios, anteponiéndose al N° la Palabra “PARTE”». Asimismo, la Directiva complementaria del Reglamento de documentación, N° 22, de Carabineros de Chile, dispone en su artículo 21 que en la confección de los partes a los Tribunales se hará una exposición detallada del hecho de que se da cuenta, tipificando y especificando los delitos que se denuncian, agregando el inciso primero de su artículo 24 que «[l]os partes transmitiendo denuncias a los Tribunales se encabezarán con la frase: “Doy cuenta a US.” y contendrán la versión pormenorizada de los hechos que constituyen delitos, indicándose el nombre de los responsables e imputados, si es posible». Por último, el artículo 25 de dicha Directiva complementaria establece la información que deben contener los partes dando cuenta de accidentes de tránsito, indicando que, además de individualizarse debidamente a los conductores participantes, deberá consignarse el nombre y domicilio de los propietarios involucrados en el accidente. Finalmente, conforme a lo preceptuado por el artículo 184 de la Ley del Tránsito, «[s]i en un accidente sólo resultaren daños materiales y los conductores acudieren a dar cuenta a la unidad de Carabineros del sector, dicha unidad hará constar el hecho en el Libro de Guardia, y sólo formulará la respectiva denuncia ante el Juzgado de Policía Local competente, si alguno de los interesados lo solicitare, sin retirarle la licencia, permiso u otro documento para conducir»

5) Que, por otro lado, y conforme a lo señalado por este Consejo en la decisión del amparo Rol C43-10, en el Sistema de Automatización Policial de Carabineros de Chile (AUPOL) se vuelca la información contenida en los partes policiales con el objeto de facilitar el manejo de estadísticas para los fines propios de la Institución y para las autoridades que lo requieran, sin que dicha información constituya el parte policial mismo, pero refiriéndose a parte relevante de su contenido. Al respecto, debe tenerse presente que este sistema empleado por Carabineros constituye un registro o banco de datos, en los términos establecidos en la letra m) del artículo 2° de la Ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada.

6) Que, por lo expuesto en los dos considerandos anteriores, debe presumirse que Carabineros de Chile posee la información relativa a las infracciones de tránsito en que, eventualmente, haya incurrido doña Macarena Valentina de la Iglesia Bergman, así como a los accidentes de tránsito en que ésta haya participado, toda vez que tales datos deben constar en los partes de denuncias efectuadas y que hayan sido cursadas, ya sea ante el Juzgado de Policía Local o al Ministerio Público respectivo, según corresponda, conforme a lo dispuesto por el artículo 185 de la Ley de Tránsito, o en el Libro de Guardia, en su caso, según lo establecido en el artículo 184 del mismo cuerpo legal.

7) Que, en concordancia con lo resuelto por este Consejo en la decisión del amparo Rol C574-10, de 23 de noviembre de 2010, así como en la decisión del amparo Rol C193-11, de 12 de abril de 2011, los partes de Carabineros de Chile son públicos, excepto aquella información relativa a los datos personales de contexto de la persona natural a quien le fue cursada dicha infracción, tales como su RUT y domicilio, datos que se encuentran amparados por la Ley N° 19.628, sobre protección de datos personales, lo que debe hacerse extensivo a las otras personas naturales que se identifiquen en dichos documentos. El mismo criterio debe aplicarse respecto de las constancias de accidentes de tránsito registradas en los Libros de Guardia de Carabineros. A mayor abundamiento, cabe hacer presente que en la decisión del amparo Rol A58-09, este Consejo estimó que los partes policiales constituyen antecedentes previos a la investigación del Ministerio Público, dando inicio a ésta, y motivan precisamente la práctica de diligencias destinadas al esclarecimiento de los hechos punibles, concluyendo que, a la luz de lo dispuesto en el artículo 182 del Código Procesal Penal, no pueden tener el carácter de actuaciones de investigación fiscal o policial, razón por la cual no se encuentran sujetos al secreto de las actuaciones de investigación que establece dicha norma.

8) Que, por su parte, la Directiva complementaria del Reglamento de documentación, N° 22, de Carabineros de Chile, también regula el tratamiento de los libros y archivadores de la Institución, así como el archivo y destrucción de documentos en poder de la misma. Conforme a lo dispuesto por el artículo 57 de dicha norma, «[c]ada Dirección de la Dirección General tendrá un archivo en las condiciones y los requisitos señalados al comienzo de este Título» y «[l]as Comisarías, Subcomisarías y Tenencias formarán el Archivo de su propia documentación y de los retenes de su dependencia directa», asimismo, el inciso primero de su artículo 58 señala que «[a]nualmente se presentarán al Jefe que pase Revista Económica, los libros y legajos de documentos que hayan cumplido el tiempo reglamentario de permanencia en el archivo, a fin de que disponga su destrucción». Respecto del tiempo reglamentario de duración de los documentos en poder del órgano requerido, la Directiva Complementaria dispone, en su artículo 95, que «[e]l cargo oficial de los libros y archivadores de las diferentes Reparticiones y Unidades de Carabineros será el que se señala en el Anexo Seis», siendo ése titulado “Libros y Archivadores de Cargo Oficial en Carabineros y Duración en el Archivo”, el cual establece el tiempo reglamentario de duración en archivo de cada uno de los libros y archivadores de las unidades y dependencias de Carabineros de Chile, disponiendo, respecto de los archivadores, que los «[p]artes enviados a los Juzgados de Letras (Del crimen, Civil, Militar y de Menores)» se mantendrán archivados por 4 años, mientras que los partes enviados a los Juzgados de Policía Local se archivarán por 2 años. Por otro lado, los Libros de Novedades de la Guardia, también debe archivarse por 4 años, todo ello sin perjuicio de las normas especiales que permiten reducir transitoriamente la duración de determinados documentos y disponer en forma indefinida la conservación de libros y legajos cuyo contenido guarde relación con hechos trascendentales o de excepcional importancia para la historia Institucional.

9) Que, las normas citadas anteriormente, se encuentran acordes a lo dispuesto en el D.F.L. N° 5.200, de 1929, del Ministerio de Educación, y la Circular N° 28.704, de 1981, de la Contraloría General de la República, sobre disposiciones y recomendaciones referentes a eliminación de documentos.

10) Que, sin perjuicio de lo expuesto en el considerando 8°) acerca de las disposiciones que regulan la mantención y archivo de los partes policiales, y conforme a lo señalado en el considerando 5°), debe estimarse que Carabineros, aun cuando haya expurgado los partes policiales que contengan la información requerida, en principio, posee en formato digital la información contenida en ellos.

11) Que, los partes policiales, como tales, constituyen actos administrativos de Carabineros de Chile, y se puede acceder a las copias de ellos en virtud de lo dispuesto en la Ley de Transparencia, en razón de los fundamentos expresados en el considerando 7°) anterior. Que, sin embargo, la solicitud de información que motivó el presente amparo plantea una situación diversa al mero acceso a dichos documentos, toda vez que, a fin de dar respuesta a la solicitud del requirente, Carabineros deberá, necesariamente, realizar una operación tendiente a seleccionar y organizar los datos indicados en dicha solicitud, relativos a doña Macarena de la Iglesia Bergman, y que se encuentren almacenados en el Sistema de Automatización Policial de Carabineros de Chile (AUPOL), todo lo cual constituye, en definitiva, efectuar un tratamiento de datos personales, situación que se encuentra expresamente regulada por la citada Ley N° 19.628.

12) Que, en tal sentido, conforme a lo expresado en el considerando 4°) de la decisión del amparo Rol C315-11, de 10 de mayo de 2011, «[a]l ser Ley N° 19.628 un cuerpo normativo especial en materia de tratamiento de datos personales debe reconocerse que mediante la regla de secreto contenida en su artículo 7° el legislador ha ponderado que la divulgación de estos datos importaría afectar los derechos de las personas en los términos de los numerales 2 y 5 del artículo 21 de la Ley de Transparencia, particularmente el derecho a la vida privada en su vertiente positiva, esto es, la autodeterminación informativa, como poder de control sobre la información propia. Ello, pues:

a) Según establece el artículo 1° de la Ley N° 19.628 este texto constituye una norma especial en el tratamiento de datos personales en registro o banco de datos; y la propia Ley de Transparencia ha reconocido su carácter especial en la letra m) de su artículo 33, al ordenar a este Consejo “velar por su adecuado cumplimiento”.

b) La historia de la Ley N° 19.628, de 1999, es clara en reconocer que el régimen de protección de datos personales tiene por objeto la protección del “derecho a la autodeterminación informativa”, aún cuando el legislador optó por obviar su reconocimiento expreso en su artículo 1°, en tanto se trataba de un “concepto doctrinario aún no suficientemente asentado”. Lo que el proyecto de ley que modifica las leyes N° 19.628 y N° 20.285 busca enmendar (Boletín N° 6120-07)».

13) Que, el considerando 5°) de la decisión citada precedentemente agrega que «[n]o toda información subsumible en la categoría de dato personal es per se secreta, pues ello obviaría la inteligencia o sentido de la regla de publicidad de la información que obre en poder de la Administración del Estado, contenida en los artículos 5°, 11 letra c) y 21 de la Ley de Transparencia. Para abordar esta problemática este Consejo ha optado por circunscribir los efectos de sus decisiones al caso concreto utilizando los denominados tests de daños y de interés público: “Ambos, que pueden ser complementarios, consisten en realizar un balance entre el interés de retener la información y el interés de divulgarla para determinar si el beneficio público resultante de conocer la información solicitada es mayor que el daño que podría causar su revelación. El primero se centra en ponderar si la divulgación puede generar un daño presente, probable y específico a los intereses o valores protegidos de mayor entidad que los beneficios obtenidos; el segundo, en ponderar si el interés público a obtener con la entrega de la información justifica su divulgación y vence, con ello, la reserva” (Decisión C193-10). Así, por ejemplo, en la decisión Rol C664-10, relativa a las resoluciones recaídas en sumarios sanitarios donde aplicaba el derecho al olvido consagrado en el artículo 21 de la Ley N° 19.628, este Consejo resolvió dar acceso a dichas sanciones atendido el interés público involucrado en su conocimiento».

14) Que, en la especie, este Consejo estima que no se verifica un interés público preponderante en la divulgación de la información requerida –referida toda ella a datos personales de titularidad doña Macarena de la Iglesia Bergman–, que permita justificar que la regla de secreto contemplada por el artículo 7° de la Ley N° 19.628 ceda en la especie ante la publicidad de la información pedida.

15) Que, a mayor abundamiento, conforme a lo dispuesto en el inciso primero del artículo 21 de la Ley N° 19.628, que consagra el denominado “derecho al olvido”, «[l]os organismos públicos que sometan a tratamiento datos personales relativos a condenas por delitos, infracciones administrativas o faltas disciplinarias, no podrán comunicarlos una vez prescrita la acción penal o administrativa, o cumplida o prescrita la sanción o la pena».

16) Que, por lo expuesto precedentemente, se rechazará el presente amparo en lo que respecta a la solicitud de información relativa a las infracciones de tránsito que se habrían cursado a la persona respecto de cual se consulta, así como a los accidentes de tránsito en que ésta hubiere participado.

17) Que, respecto a la información relativa a las detenciones practicadas por Carabineros, debe tenerse presente que ellas, de existir, podrían haberse efectuado en cumplimiento de alguna orden de detención dictada por algún tribunal con competencia en lo penal o, en caso de delitos flagrantes, sin dicha orden y para el sólo efecto de conducir a la detenida ante la autoridad que correspondiere, esto último conforme a lo dispuesto en el artículo 253 del Código de Procedimiento Penal –si es que ello hubiese ocurrido antes de la entrada en vigencia de la reforma procesal penal– así como en el artículo 125 del Código Procesal Penal.

18) Que, en el evento de haberse detenido a la persona respecto de la cual se consulta por algún delito flagrante, dicha información debiera constar en el respectivo parte policial cursado a la autoridad correspondiente, situación a la cual le resultan plenamente aplicables los criterios expuestos en los considerandos precedentes.

19) Que, en el caso de las detenciones practicadas en virtud de ordenes de detención dictadas por algún tribunal, debe tenerse presente lo siguiente:

a) Que, según lo indicado en las decisiones de los amparos Roles C35-11 y C91-11, de 26 de abril de 2011 y 10 de mayo de 2011, respectivamente, las órdenes de detención expedidas por los tribunales competentes son actuaciones judiciales que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 44 del Código Procesal Penal, deben constar en registros que pueden ser consultados solicitando copia fiel por parte de terceros, salvo que durante la investigación o la tramitación de la causa el tribunal restringiere su acceso para evitar que se afecte su normal substanciación o el principio de inocencia. No obstante, dicha norma agrega que estos registros serán públicos transcurridos 5 años desde la realización de las actuaciones consignadas en ellos.

b) Que, una vez recibidas dichas órdenes de detención, Carabineros debe realizar las gestiones destinadas a diligenciarlas, debiendo informar el resultado de sus gestiones al tribunal que ordenó la detención respectiva.

c) Que, por lo expuesto, Carabineros debe poseer la información relativa a las eventuales detenciones practicadas por dicho órgano a la Sra. de la Iglesia Bergman, en virtud de las órdenes dictadas por los tribunales competentes.

d) Que, al respecto, este Consejo, en la decisión del amparo Rol C843-10, definió que frente a una solicitud de acceso a la información el órgano requerido debía respetar la calificación judicial en la medida en que se encuentre dentro del plazo de 5 años a que se refiere el artículo 44 del Código Procesal Penal. Por tanto, de existir órdenes de detención cursadas en contra del tercero respecto del cual se consulta, si el juez restringió el acceso a ellas deberá denegarse la petición y, de no haberse establecido alguna restricción en su texto deberá accederse a su entrega, por ser la publicidad la regla general en esta materia según se desprende del inciso 2° del artículo 44 y del artículo 9° del Código Orgánico de Tribunales. Que, en todo caso, Carabineros deberá proceder a la entrega de las órdenes detenciones que se hayan podido cursar en contra de la señalada persona, en caso de obrar en su poder, si han transcurridos más de 5 años desde su realización.

e) Que, de esta forma, se acogerá en este punto el presente amparo, razón por la cual Carabineros deberá informar al requirente acerca de las detenciones practicadas a doña Macarena Valentina de la Iglesia Bergman, sólo en el caso que obre en su poder dicha información, salvo que el tribunal competente haya restringido el acceso a la orden de detención respectiva, y, en todo caso, aquellas detenciones efectuadas hace más de cinco años.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTS. 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B, DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el presente amparo presentado por don Carlos García Ainol en contra de Carabineros de Chile, por las consideraciones precedentes.

II. Requerir al Sr. General Director de Carabineros de Chile:

a) Informe al requirente si la Sra. De la Iglesia Bergman ha sido o no detenida por Carabineros con ocasión de alguna orden de detención, en caso afirmativo, deberá indicar el tribunal que lo ordenó, el numero de la orden de detención, fecha, lugar y la razón de la detención, salvo que el tribunal competente haya restringido el acceso a la orden de detención respectiva, debiendo proporcionar, en todo caso, la información relativa a todas aquellas detenciones efectuadas hace más de cinco años.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la dirección postal de este Consejo (Morandé N° 115, Piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General de este Consejo notificar el presente acuerdo a don Carlos García Ainol, al Sr. General Director de Carabineros de Chile y a doña Macarena de la Iglesia Bergman.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. En cambio, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en su sesión N° 252, de 3 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Raúl Urrutia Ávila y los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi, don Jorge Jaraquemada Roblero y don Juan Pablo Olmedo Bustos. Certifica don Raúl Ferrada Carrasco, Director General del Consejo para la Transparencia.