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Jorge Acuña Reyes con CORPORACIÓN NACIONAL DE DESARROLLO INDÍGENA (CONADI) Rol: C346-11

Consejo para la Transparencia, 20/05/2011

Se solicita amparo en contra de la CONADI por denegar su solicitud de acceso a información relativa a estudio a que hace referencia el art. 14 transitorio de la Ley N° 19.253. El Consejo acoge el amparo ya que estima que no puede requerir la entrega de lo solicitado en la especie –no obstante que de existir dicha información hubiere revestido carácter público.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Totalmente

Tipo caso:

  • Amparo


Descriptores analíticos:

Tema Grupos de interés especial
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Operacionales.Estudios o investigaciones.Documentos 


Legislación aplicada:


Consejeros:

  • Raúl Urrutia Ávila (Unánime), Presidente
  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Ausente)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • Juan Pablo Olmedo Bustos (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO C346-11

Entidad Publica: Corporación Nacional de Desarrollo Indígena

Requirente: Jorge Acuña Reyes

Ingreso Consejo: 10.03.2011

En sesión ordinaria N° 247 del Consejo Directivo, celebrada el 20 de mayo de 2011, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C346-11.

VISTOS:

Los artículos 5° inc. 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1–19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante indistintamente el Reglamento y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 9 de febrero de 2011, don Jorge Acuña Reyes solicitó a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (en adelante también CONADI) lo siguiente:

a) Le indique la denominación del estudio a que hace referencia el artículo 14 transitorio de la Ley N° 19.253, remitiendo copia del mismo, o en su defecto, le indique el lugar en que se encuentra disponible y la forma en que el público puede acceder a dicho informe.

b) En caso que dicho informe no haya sido elaborado, indicar en virtud de qué disposición legal o resolución administrativa, no se ha dado cumplimiento a la citada norma imperativa, señalando la Ley, número de Decreto, Oficio, Circular o Instrucción, según el caso.

c) Sin perjuicio de lo anterior, se le indiquen otros informes, estudios, catastros o cualquier otra publicación de autoría de la CONADI, que se refiera a la materia, es decir, los contratos de arrendamiento de tierras indígenas por más de diez años, vigentes al momento de promulgarse la Ley N° 19.253.

2) AUSENCIA DE RESPUESTA Y AMPARO: El 10 de marzo de 2011, don Jorge Acuña Reyes dedujo ante la Gobernación Provincial de Cautín amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la CONADI, el cual fue ingresado a este consejo el 15 de marzo de 2011, fundado en que no habría recibido respuesta a su solicitud de información dentro del plazo dispuesto en el artículo 14 del mismo cuerpo legal.

3) RESPUESTA EXTEMPORÁNEA: El 24 de marzo de 2011, la CONADI respondió a la antedicha solicitud, a través de la Carta N° 309 del Subdirector Nacional de la CONADI de Temuco, de 24 de marzo de 2011, en la cual señaló lo siguiente:

a) Realizadas las diligencias pertinentes, se ha constatado que no existe el registro o informe a que se refiere el artículo 14 transitorio de la Ley N° 19.253.

b) No existe alguna instrucción o institucionalización destinada a la elaboración del informe exigido por la norma señalada, encontrándose, además, caducado el plazo establecido para dicho efecto, por cuanto han transcurrido 17 años desde la entrada en vigencia de la Ley N° 19.253. Por otra parte, dicho cuerpo legal tampoco establece sanción alguna por el incumplimiento de la norma en comento.

c) En definitiva, no existe informe, estudio, decreto, u otra norma que se pronuncie sobre la materia, solamente existe jurisprudencia con respecto a los arrendamientos de predios indígenas y su validez, pudiendo accederse a todas las publicaciones respectivas a través de las páginas web especializadas.

4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo para la Transparencia estimó admisible este amparo, trasladándolo mediante Oficio N° 681, de 21 de marzo de 2011, al Director Nacional de la CONADI, quien a través del ORD. N° 215, de 4 de abril de 2011, procedió a evacuar sus descargos, señalando, en resumen, que:

a) La solicitud de información del reclamante fue recibida el 9 de febrero de 2011 en la Dirección Nacional de la CONADI, siendo derivada desde la Oficina de Partes a la encargada de Archivo Administrativo de la Subdirección Nacional de Temuco de la CONADI, para su ingreso al software de enlaces de gestión de solicitudes de información pública.

b) La funcionaria encargada de Archivo Administrativo informó que, a consecuencia de un olvido involuntario no ingresó la solicitud, por lo cual no se realizó el correspondiente registro, todo lo cual derivó en una falta de seguimiento que impidió la respuesta oportuna. No obstante ello, una vez detectada la omisión se respondió inmediatamente al usuario el 24 de marzo de 2011.

c) No ha existido de parte del organismo la intensión de denegar la información solicitada, tanto así que se entregó la información requerida.

5) GESTIÓN OFICIOSA: El 18 de mayo de 2010 este Consejo se comunicó vía telefónica con el reclamante, quien por la misma vía indicó que a la fecha no ha recibido notificación alguna que contenga la respuesta a la solicitud de información que formuló.

Y CONSIDERANDO:

1) Que en primer término, cabe señalar que, de los antecedentes tenidos a la vista por este Consejo, consta que la CONADI evacuó respuesta a la solicitud de información planteada, el 24 de marzo pasado mediante la Carta N° 309 de su Subdirector Nacional.

2) Que, no obstante haber procedido la reclamada a pronunciar respuesta a la solicitud, esta fue manifiestamente extemporánea, teniendo en cuenta el plazo contemplado en el artículo 14 de la Ley de Transparencia, infringiéndose con ello el principio de oportunidad consagrado en el artículo 11, letra h), de la misma normativa antes citada, conforme al cual los órganos de la Administración del Estado deben proporcionar respuesta a las solicitudes de información dentro de los plazos legales, con la máxima celeridad posible y evitando todo tipo de trámites dilatorios.

3) Que, por otra parte, en sus descargos la reclamada afirma haber remitido al reclamante copia de la respuesta, sin embargo, dado que ello no fue acreditado en esta sede, este Consejo se comunicó telefónicamente con el reclamante a fin de verificar la entrega efectiva de la mencionada respuesta, quien señaló hasta la fecha no haber recibido copia de la misma. A este respecto es preciso tener presente lo que ha resuelto anteriormente este Consejo, en las decisiones recaídas en los amparos Roles C642-10 y C863-10, en el sentido que el cumplimiento cabal de la obligación de informar supone no sólo el pronunciamiento de la respuesta respectiva, sino además su notificación al reclamante y la certificación de su entrega en los términos dispuestos en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia.

4) Que, en este contexto, no cabe sino acoger el amparo, sin perjuicio de lo cual, atendido el hecho que la reclamada acompañó a este Consejo copia de la respuesta a la solicitud, procede a continuación evaluar la suficiencia de la misma, a objeto de determinar si con ella pudo objetivamente ser satisfecha la solicitud de acceso.

5) Que, la solicitud del reclamante dice relación con el estudio a que hace referencia el artículo 14 transitorio de la Ley N° 19.253 (D.O. 05.10.1993) que fija normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas, y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, estableciendo que: «La Corporación (se refiere a la CONADI), dentro del plazo de un año contado desde la vigencia de esta ley, deberá entregar al Ministerio de Justicia un estudio acerca de los contratos de arrendamiento actualmente vigentes, suscritos por un plazo superior a 10 años, referidos a hijuelas provenientes de la división de reservas indígenas constituidas en el decreto ley N° 4.111, de 1931, y la Ley N° 17.729, de 1972, y sus posteriores modificaciones, con el objeto de determinar si ha existido o no simulación»

6) En especifico, el reclamante solicitó lo siguiente:

a) Copia del estudio a que hace referencia la norma citada, con indicación de su denominación, o en su caso, el señalamiento preciso del lugar en que se encuentra disponible para el público.

b) En caso que dicho estudio no haya sido elaborado, le indique la disposición legal o acto administrativo, que ha autorizado la no elaboración del informe.

c) Se indiquen otros informes, estudios, catastros o cualquier otra publicación realizada por la CONADI, que se refiera a la materia sobre que versa el estudio en cuestión.

7) Que, del tenor de la respuesta pronunciada por la CONADI, así como de las observaciones o descargos formulados en esta sede, se desprende, con respecto al estudio en cuestión –letra a) de considerando que antecede – que éste no existe por no haber sido elaborado por dicho organismo, no obstante lo exigido por la norma transitoria indicada. En tanto, con respecto al fundamento de la no elaboración del informe –letra b) del considerando que antecede– la reclamada ha aseverado que no existe acto administrativo alguno que haya relevado de la elaboración del estudio ni conoce norma legal en ese mismo sentido. Por último, con respecto a otros informes, catastros o publicaciones sobre la materia que debió abarcar el estudio en comento –letra c) del considerando que antecede– la reclamada ha indicado que no ha elaborado información de esa naturaleza. En otras palabras, la CONADI ha sostenido que la información solicitada no obra en su poder, por cuanto no ha sido generada.

8) Que, en este contexto, es preciso tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley de Transparencia, de cuyo tenor se desprende que la información a que se extiende el principio de transparencia de la función pública, a que se encuentran sujetos los órganos de la Administración del Estado indicados en el artículo 2°, es aquella información que existe en algún soporte, lo que se ve reflejado en formula general de publicidad que contempla dicha norma, referida a aquella información que obra en poder de los órganos de la administración del estado «cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, a menos que esté sujeta a las excepciones legales». En este mismo sentido, el artículo 10 del citado cuerpo legal, al establecer la información a que se puede acceder en virtud del ejercicio del derecho de acceso a la información pública, alude también a información existente, indicando en su inciso segundo… «cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga».

9) Que, en mérito de lo expuesto, este Consejo no puede requerir la entrega de lo solicitado en la especie –no obstante que de existir dicha información hubiere revestido carácter público– razón por la cual se rechazará el presente amparo, según se indicará en la parte resolutiva del presente acuerdo, dando por contestado el requerimiento del reclamante, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley de Transparencia. Tal ha sido el criterio adoptado por este Consejo en la materia, plasmado, entre otras, en las decisiones de los amparos C577-09, C492-09, A181-09.

10) Que, sin perjuicio de lo señalado anteriormente, este Consejo ha podido constatar que la CONADI, al no elaborar el estudio a que se refiere el artículo 14 transitorio de la Ley N° 19.253, no dio cumplimiento a lo previsto en dicha disposición ni fundamentó esta omisión, lo cual reviste particular seriedad atendido el interés público que posee la materia consultada. En virtud de ello, se requerirá a dicho órgano que adopte las medidas que resulten pertinentes a fin de evitar que, en lo sucesivo, se reiteren situaciones de este tipo para no afectar el derecho de acceso a la información pública.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 A) Y B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo de don Jorge Acuña Reyes, por las consideraciones expuestas precedentemente, no obstante tener por respondida la solicitud, en forma extemporánea.

II. Representar al Sr. Director Nacional de la CONADI que al no responder la solicitud de acceso dentro del término legal dispuesto en el artículo 14 de la Ley de Transparencia, trasgredió los principios de facilitación y oportunidad que rigen el derecho de acceso a la información, conforme lo dispone el artículo 11, literales f) y h) de la misma normativa, además de los artículos 15 y 17 de su Reglamento, debiendo adoptar, en lo sucesivo, las medidas administrativas que permitan a su representada cumplir estrictamente los plazos legales.

III. Requerir al Sr. Director Nacional de la CONADI que adopte las medidas que resulten pertinentes a fin de evitar que, en lo sucesivo, se reiteren situaciones como las que han sido objeto del presente amparo, de modo que no afectar el derecho de acceso a la información pública.

IV. Encomendar al Director General de este Consejo notificar la presente decisión a don Jorge Acuña Reyes y al Director Nacional de la CONADI.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Raúl Urrutia Ávila y los Consejeros don Jorge Jaraquemada Roblero y don Juan Pablo Olmedo Bustos. Se deja constancia que el Consejero don Alejandro Ferreiro Yazigi no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente. Certifica don Raúl Ferrada Carrasco, Director General del Consejo para la Transparencia.