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Marcelo Vargas Troncoso con SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO (SENCE) Rol: C2693-14

Consejo para la Transparencia, 03/02/2015

Se dedujo amparo en contra del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, fundado en la denegación de la información solicitada referente a los organismos técnicos de capacitación (OTEC). En particular, «el detalle de cada curso vía franquicia tributaria de todos los años disponibles, separado en los siguientes datos: Rut, región, comuna, nombre OTEC, código curso, nombre curso, fecha de inicio curso, fecha de término, número de horas, modalidad de capacitación, participación, número de hombres, número de mujeres, gasto privado, gasto público y gasto total». El Consejo rechaza el amparo, toda vez que la entrega de la información solicitada implica el despliegue de un ingente esfuerzo a fin de obtener los datos solicitados, para luego proceder a la centralización de estos y la confección del informe con el desglose requerido. Lo anterior, implica determinar previamente cual es la información que obra efectivamente en dependencias de la reclamada - en soporte físico como informático- circunstancia de hecho que se agrava atendido que la reclamada no posee sistema de registro alguno de la documentación que sobre el particular posee en sus bodegas ni tampoco acceso expedito a sus bases de datos sobre el particular. Todo lo anterior, provocaría presumiblemente la distracción del personal del órgano reclamado en el cumplimiento de sus funciones esenciales.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza

Tipo caso:

  • Amparo


Descriptores analíticos:

Tema Trabajo
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime)
  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C2693-14

Entidad pública: Servicio Nacional de Capacitación y Empleo

Requirente: Marcelo Vargas Troncoso

Ingreso Consejo: 16.12.2014

En sesión ordinaria N° 591 del Consejo Directivo, celebrada el 3 de febrero de 2015, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C2693-14.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: Don Marcelo Vargas Troncoso, mediante presentación de 25 de noviembre de 2014, solicitó al Servicio Nacional de Capacitación y Empleo - en adelante e indistintamente SENCE-, información sobre organismos técnicos de capacitación (OTEC). En particular, «el detalle de cada curso vía franquicia tributaria de todos los años disponibles, separado en los siguientes datos: Rut, región, comuna, nombre OTEC, código curso, nombre curso, fecha de inicio curso, fecha de término, número de horas, modalidad de capacitación, participación, número de hombres, número de mujeres, gasto privado, gasto público y gasto total».

2) RESPUESTA: El SENCE, mediante Oficio N° 1.767 de 15 de diciembre de 2014, indicó al solicitante que le era imposible acceder a la entrega de los antecedentes consultados. Lo anterior, por cuanto satisfacer el requerimiento en los términos planteados, implicaba efectuar un análisis de enorme volumen de información distrayendo a sus funcionarios del cumplimiento habitual de sus tareas. En dicho contexto, y en aplicación de la hipótesis de reserva dispuesta en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia, denegó la entrega de los antecedentes solicitados.

3) AMPARO: El 16 de diciembre de 2014, don Marcelo Vargas Troncoso, dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del SENCE, fundado en la denegación de la información solicitada.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación, admitió a tramitación el referido amparo y, mediante Oficio N° 7.371, de 26 de diciembre de 2014, confirió traslado al Director Nacional del SENCE, solicitándole que al formular sus descargos: (1°) se refiriera a la eventual concurrencia de una causal de reserva; (2°) hiciera mención al volumen de la información requerida; y, (3°) señalara de qué modo la satisfacción del objeto por parte del órgano que preside, afectaría el debido cumplimiento de sus funciones.

El Director Nacional del SENCE, mediante presentación de 13 de enero de 2015, evacuó sus descargos y observaciones, señalando en síntesis lo siguiente:

a) La información solicitada "además de su alto número, dice relación con antecedentes y documentos existentes en este Servicio Nacional a contar de muchos años atrás. La búsqueda de la información solicitada importaría un esfuerzo extraordinario de parte de los funcionarios del SENCE para su recopilación, dejando por esa causa de atender sus funciones regulares, especialmente considerando que mucha de dicha información ya no existe físicamente en dependencias de esta Institución y se encuentra almacenada en bodegas que no cuentan, por la antigüedad de la documentación, índices, catálogos o referencias que faciliten su identificación, y, además, los sistemas donde se pueden rescatar alguno de los datos solicitados no convergen y sería necesario revisar bases de datos muy extensas".

b) El requerimiento de información no específica un período de tiempo sino solo alude a los antecedentes que se encuentren disponible. Al respecto, cabe señalar que sólo para el año 2014 el volumen de la información consultada «es de aproximadamente 129.166 acciones de capacitación vía franquicia tributaria, por lo que en un período de 10 años alcanzaría a más de 1.000.000 de acciones de capacitación que debiesen ser recopiladas, procesadas y sistematizadas. Lo anterior, por ejemplo, significaría que este Servicio Nacional dispusiera de cuatro funcionarios para realizar esta tarea, quienes podrían llegar a ejecutar 352 horas de trabaja cada uno aproximadamente, sólo para disponer de la información en un período de 2 meses». En dicho escenario, satisfacer el requerimiento de don Marcelo Vargas Troncoso, afectaría gravemente las funciones institucionales.

c) El SENCE a la fecha, no posee la información solicitada la que sólo podría ser obtenida luego de efectuar las referidas operaciones para luego volcarla en un informe.

d) Hizo presente, que actualmente las unidades de informática y de franquicia tributaria, se encuentran destinadas al proceso de la Operación Renta que se extiende entre el 19 de enero y el mes de mayo del año en curso.

e) Finalmente, señaló que se encuentra en un proceso de modernización de sus plataformas informáticas, bases de datos y gestión de archivos, a fin de ordenar los antecedentes que posee, para contar con información como la requerida.

Y CONSIDERANDO:

1) Que la reclamada denegó la entrega de los antecedentes consultados, esto es, un informe con cada uno de los cursos otorgados por medio de organismos técnicos de capacitación que hayan sido financiados mediante franquicias tributarias. Dicho listado debe contener dieciséis tópicos singularizados por el reclamante en su presentación- anotada en el numeral 1° de lo expositivo.

2) Que al efecto, el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo denegó la entrega de la información consultada, por estimar que dichos antecedentes son reservados de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia. En tal sentido, y con ocasión de sus descargos en esta sede, precisó que satisfacer el objeto del requerimiento implicaba distraer indebidamente a los funcionarios de las unidades de informática y franquicia tributaria. Lo anterior, por cuanto no contaba con la información solicitada en forma sistematizada, por tanto, construir un informe que precisara cada uno de los tópicos requeridos por don Marcelo Vargas Troncoso, implicaba primero revisar cada uno de sus archivos, los cuales se encontraban contenidos en bodegas que no poseían un sistema de índice ni registro alguno que facilitara la búsqueda de la información. Hecho lo anterior, debía revisar cada una de las acciones de capacitación financiadas mediante franquicias tributarias, las cuales sólo durante el año 2014 ascendieron a la cifra de 129.166 acciones, cifra que se amplifica a un millón de acciones de capacitación en un lapso de diez años.

3) Que por lo antes señalado, la requerida estima que satisfacer el requerimiento del modo solicitado, comprometería gravemente el cumplimiento de sus funciones por cuanto cada uno de los funcionarios de las unidades aludidas debería destinar 352 horas de su jornada laboral para efectuar la búsqueda, revisión, cruce y elaboración de la planilla consultada sólo respecto de dos meses.

4) Que en dicho contexto, cabe pronunciarse acerca de la causal de reserva consagrada en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia, invocada por la reclamada para justificar la denegación de los antecedentes requeridos. La referida causal permite reservar aquella información relativa a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales.

5) Que de conformidad a lo preceptuado en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, para que se verifique la procedencia de una causal de reserva, es menester determinar la afectación del interés jurídico protegido por ella, debiendo en consecuencia, acreditarse una expectativa razonable de daño o afectación negativa para justificar la reserva.

6) Que la satisfacción del requerimiento en el modo planteado por el solicitante -abarcando cada uno de los 16 tópicos singularizados en su requerimiento- supone necesariamente el despliegue de un ingente esfuerzo a fin de obtener los datos solicitados, para luego proceder a la centralización de estos y la confección del informe con el desglose requerido. Lo anterior, implica determinar previamente cual es la información que obra efectivamente en dependencias de la reclamada - en soporte físico como informático- circunstancia de hecho que se agrava atendido que la reclamada no posee sistema de registro alguno de la documentación que sobre el particular posee en sus bodegas ni tampoco acceso expedito a sus bases de datos sobre el particular. El referido esfuerzo, implica no sólo efectuar una importante labor administrativa consistente en destinar al personal de dos unidades que hoy se encuentra exclusivamente avocados a la "operación renta" para la búsqueda de la referida información y posterior procesamiento de cada una de las acciones de capacitación efectuadas, las cuales sólo para el año 2014 superaron las cien mil, todo lo cual hace presumible la distracción del personal aludido del cumplimiento de sus funciones esenciales, referidas al manejo, ejecución y financiamiento de los programas de capacitación y empleo, de conformidad a lo dispuesto en el Decreto Ley N°1.446, de 8 de mayo de 1976.

7) Que, sin perjuicio de lo ante expuesto, este Consejo estima necesario hacer presente a la reclamada su preocupación por el manejo de la información que obra en su poder, específicamente de sus archivos. Lo anterior, a fin que adopte las medidas necesarias a fin catastrar la información existente en sus dependencias para su posterior sistematización, de modo de permitir que antecedentes como los consultados, puedan ser requeridos en uso del derecho de acceso a la información reglado en la Ley de Transparencia.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo interpuesto por don Marcelo Vargas Troncoso, en contra del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, por las razones precedentemente expuestas.

II. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Marcelo Vargas Troncoso y al Sr. Director Nacional del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Vivianne Blanlot Soza y por los Consejeros don Marcelo Drago Aguirre, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.